En los últimos años, las deudas de los vecinos con las comunidades de propietarios se habían elevado sobremanera, pero la progresión de este aumento se vio atemperada en 2015 como consecuencia, básicamente, de la venta de pisos de las entidades financieras que, al efectuar el traspaso del inmueble, han ido efectuando la liquidación de las cantidades adeudadas.
Es la principal razón por la que esta morosidad disminuyó el pasado año un 2,3% respecto al año anterior, aunque el monto total de lo adeudado por las de 7 millones de comunidades de propietarios sigue siendo superior a los 1.800 millones de euros, de los que las entidades financieras adeudan casi 380 millones.
Dependiendo del alcance de estas deudas, las consecuencias para las comunidades son ilimitadas, con un deterioro progresivo de los inmuebles al no poder hacer frente a obras, en mucho caso perentorias, de mantenimiento y, sobre todo, de rehabilitación. También se han dado ya muchos casos de bloques en los que han dejado de funcionar los ascensores o no tienen calefacción.
Otras consecuencia de esta situación conlleva un desequilibrio presupuestario que afecta a la tesorería y liquidez de las comunidad, debiendo afrontar el resto de vecinos, los que pagan, los gastos impagados de los morosos. Más derramas, no ya para afrontar obras extraordinarias, sino para hacer frente a los gastos corrientes de luz y agua.
Entre los morosos hay de todo. La mayoría responde al perfil de familias que, efectivamente, lo están pasando mal. Que, realmente, atraviesan serios problemas económicos que derivan en el impago de este y de otros recibos, pero, otros muchos, no pagan porque no quieren.
Los bancos, que suelen mensualidades para abonarlas en el momento de la venta del inmueble, o propietarios que obvian su responsabilidad sin justificación alguna. En este sentido, no pocos de estos morosos no pagan los recibos de casas que tienen alquiladas y que, con el pago de tres o cuatro mensualidades, pagarían de sobra los recibos de la comunidad de todo el año.
Ante este panorama, la recuperación de las deudas por vía judicial se abre paso y las demandas se ganan casi siempre, pero luego resulta complicado cobrar por la capacidad económica del demandado.
Además, la reclamación judicial no permite acumular la deuda hasta la sentencia, con lo que se solapan reclamaciones año tras año sobre un mismo propietario moroso. El plazo medio de una resolución judicial es de 12 meses y con ejecución de sentencia se acerca a los 18 meses.