Madrid. La pescadilla que se muerde la cola. El no te puedo pagar porque a mí tampoco me pagan vuelve a estar presente, si es que alguna vez se fue, en las relaciones mercantiles entre las empresas y entre éstas y las administraciones.
Pasado el efecto del plan de pago a proveedores por el que comunidades autónomas y ayuntamientos pudieron hacer frente al pago de 27.000 millones de facturas atrasadas hasta el pasado 31 de diciembre, la situación vuelve a estar, en muchos casos, en el mismo punto, y las facturas vuelven a acumularse en los cajones porque no hay dinero con las que pagarlas.
Gracias al fondo de liquidez creado con el Gobierno, mediante un préstamo sindicado con las principales entidades financieras, se pudieron pagar 5,5 millones de facturas atrasadas que evitó que entraran en quiebras la mayoría de las 140.000 empresas proveedoras de servicios que recibieron esos 27.000 millones, casi en su totalidad pequeñas y medianas empresas que pudieron ingresar unos 18.000 millones. Los restantes fueron a manos de las grandes corporaciones suministradoras de agua, luz o recogida de basuras.
Aunque pudiera parecer poco dinero para las grandes cifras que se manejan habitualmente, las deudas del 90% de las facturas pagadas con el pasado plan de de proveedores eran de menos de 10.000 euros. Cantidad con la que muchos de esos empresarios pudieron saldar sus propias deudas con otros proveedores y con sus empleados, y seguir aguantando así el tirón de la crisis.
Pero unos meses después, otra vez lo mismo. Se vuelven a acumular las facturas remitidas a partir del 1 de enero de 2012 y el impago causa de nuevo estragos en el día a día de muchos empresarios, cuyo negocio principal estriba en la actividad que desarrollan para las Administraciones Públicas.
Retrasos y más retrasos a poco más de cuatro meses vista para que, en marzo de 2013, entre en vigor la nueva directiva europea de lucha contra la morosidad que exigirá pagar en un plazo máximo de 60 días en el sector privado y en 30 días en el público. Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad vuelven a encender la luz de alarma. Los 40 días de plazo legal que tienen las administraciones públicas para pagar las facturas o los 75 de que disponen las empresas se están incumpliendo por sistema.
