El Consejo de Ministros ha desplegado una estrategia que pretende facilitar el camino hacia la propiedad de vivienda para jóvenes y familias. La iniciativa, anunciada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, implica la creación de una línea de avales ICO por un valor de 2.500 millones de euros. Este esfuerzo se dirige a un segmento de la población que tradicionalmente ha enfrentado barreras significativas en el acceso a la vivienda: jóvenes menores de 35 años y familias con menores a cargo.
Esta medida busca no solo revitalizar el mercado inmobiliario, sino también abordar uno de los desafíos sociales más apremiantes de España: la despoblación del medio rural. Al proporcionar avales de hasta el 20%, y en casos particulares hasta el 25%, para el importe del crédito hipotecario, el gobierno se posiciona para incentivar la adquisición de viviendas en áreas menos pobladas, contribuyendo así a su repoblación y desarrollo.
Los requisitos para acceder a estos avales son claros y buscan asegurar que el beneficio llegue a aquellos que más lo necesitan. Entre los criterios establecidos, se incluye un tope de ingresos anuales de 37.800 euros, ajustable según la composición familiar, y un límite patrimonial de 100.000 euros para los solicitantes. Estas condiciones tienen como objetivo garantizar que el apoyo estatal llegue a las personas y familias que enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado inmobiliario, especialmente en el contexto del medio rural, donde las opciones de vivienda y las oportunidades económicas pueden ser más limitadas.
Además, la iniciativa contempla circunstancias particulares que permitirían el acceso a los avales, como la propiedad parcial de una vivienda heredada o la imposibilidad de disponer de una propiedad previa por razones de fuerza mayor, como separaciones o divorcios. De este modo, el gobierno muestra un enfoque flexible y humano ante las complejidades de la vida moderna.
El aval del ICO cubrirá hasta un cuarto del valor del préstamo si la vivienda cuenta con una calificación energética D o superior, fomentando así la eficiencia energética y la sostenibilidad en el parque habitacional español. Esta medida no solo facilita el acceso a la vivienda, sino que también promueve la construcción y rehabilitación de viviendas más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético.
El plazo para la formalización de los préstamos acogidos a esta línea de avales se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de una prórroga de dos años. Durante este tiempo, los beneficiarios deberán mantener la vivienda adquirida como su residencia habitual, y se contempla la posibilidad de arrendamiento solo bajo circunstancias que requieran un cambio de vivienda, tales como cambios laborales o situaciones personales significativas.
Esta iniciativa representa un paso importante en el esfuerzo del gobierno por atender la crisis de vivienda en España, con un enfoque especial en el apoyo a los jóvenes y las familias en el medio rural. Al hacerlo, se espera no solo facilitar el acceso a la vivienda para estos grupos, sino también impulsar el desarrollo económico y social de las áreas rurales, contribuyendo a un modelo de crecimiento más equilibrado y sostenible en todo el país.
