El acceso a una vivienda digna y asequible es cada vez más difícil en la UE, debido a los precios de mercado y a los alquileres, que están en continuo crecimiento en relación con los ingresos.
Para remediarlo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución el 21 de enero en la que pedía a los países de la UE que reconozcan el derecho fundamental a la vivienda e incorporen la necesidad de una vivienda adecuada a su legislación nacional.
Los eurodiputados señalaron que todas las personas deben tener derecho a vivir en un hogar asequible, adecuado y sano, con agua potable limpia y de calidad, un saneamiento adecuado, la conexión a las redes de alcantarillado y traída de aguas, y una energía asequible.
La crisis de la vidienda: un problema para todos
En los últimos años la situación ha empeorado, sobre todo para los propietarios e inquilinos con ingresos bajos, pero también para las personas de renta media, que están sobrecargadas por los costes relacionados con la vivienda y el mantenimiento. Los principales afectados son los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, a las familias numerosas y a los padres y madres solteros.
La pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto la situación de precariedad de muchas personas que no tienen acceso a alojamientos que permitan respetar las exigencias sanitarias y las medidas de distanciamiento social. Además, se espera que a medio plazo la crisis provoque el aumento de la tasa de personas sin hogar.
¿Cuáles son las causas de esta crisis?
Las adquisiciones especulativas de viviendas y terrenos desempeñan un papel destacado en el incremento continuo de los precios de la vivienda. Además, cada vez más personas compran segundas viviendas para generar ingresos adicionales y complementar sus pensiones.
Las inversiones extranjeras también provocan el aumento de los precios de las viviendas locales y las plataformas como Airbnb reducen la oferta disponible, especialmente en el centro de las ciudades. Aun así, existen diferencias sustanciales en las políticas de vivienda entre los Estados miembros.
¿Qué propone el Parlamento?
La UE puede influir indirectamente en el mercado de la vivienda mediante normas sobre ayudas públicas, leyes fiscales y de competencia, y adoptando directrices y recomendaciones.
Por ejemplo, al modificar las normas sobre ayudas públicas, los gobiernos de los países de la UE podrían apoyar a todos los grupos cuyas necesidades de vivienda no pueden satisfacerse fácilmente con las condiciones actuales del mercado.
Los eurodiputados reiteraron en su resolución que se establezca un objetivo para acabar con el problema de las personas sin hogar de aquí a 2030 y exigieron a los países de la UE medidas para hacer frente a la discriminación de los grupos vulnerables en el mercado de la vivienda.
Además, pidieron a la Comisión y a los países europeos que prioricen la reducción de las emisiones y la eficiencia energética a través de las inversiones en renovación para cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
En la resolución, animaron a los Estados miembros a colaborar en la financiación de inversiones sociales destinadas a resolver problemas de vivienda con los interlocutores sociales, la sociedad civil y el sector privado.
Los eurodiputados demandaron a la Comisión que presente propuestas legislativas a mediados de 2021 para contrarrestar el tratamiento de la vivienda como un bien negociable y no como un derecho humano.
Por último, el Parlamento instó a la Comisión y a los Estados miembros a invertir más en viviendas sociales, públicas, energéticamente eficientes, adecuadas y asequibles.
