La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Reglamento que prevé poner en marcha un mecanismo eficaz que permita una distinción entre los empresarios honestos y deshonestos.
Se trata de introducir en la legislación europea medidas de apoyo a la innovación, de manera que si un empresario honesto no tiene éxito, la normativa en materia de insolvencia deberías darle una segunda oportunidad, cambiando la actual tendencia de, en lugar de ir a liquidación, facilitar fomento de la reestructuración de las empresas viables en una etapa temprana
La recomendación adoptada por la Comisión sigue a una consulta pública realizada el año pasado sobre un enfoque europeo de la insolvencia, y una propuesta de revisión de las normas vigentes de la UE sobre las insolvencias transfronterizas, que recientemente recibió la aprobación del Parlamento Europeo.
El objetivo es salvar a muchas de las 200.000 empresas de la UE que cada año se enfrentan a la insolvencia, y con ellas pierden el puesto de trabajo cerca de dos millones de personas.
Por ello, puso en marcha una consulta pública sobre un enfoque europeo de la quiebra de empresas y la insolvencia en julio de 2013, en busca de puntos de vista sobre temas clave como el tiempo necesario para cumplir con una deuda, las condiciones para la apertura de un procedimiento, las reglas para los planes de reestructuración y las medidas necesarias para las pymes.
La Recomendación de la Comisión ayudará a proporcionar un marco coherente de las normas nacionales de insolvencia, pidiendo a los Estados miembros que faciliten la reestructuración de empresas en dificultades financieras en una etapa temprana, antes de iniciar el procedimiento formal de insolvencia, y sin procedimientos largos o costosos para ayudar a limitar el recurso a la liquidación.
Además, les demanda que permitan a los deudores para reestructurar su negocio sin necesidad de abrir un procedimiento judicial formal; que den a empresas en dificultades financieras la posibilidad de solicitar una suspensión temporal de un máximo de 4 meses (renovable hasta un máximo de 12 meses) para adoptar un plan de reestructuración antes de que los acreedores pueden iniciar procedimientos de ejecución en contra de ellas; y facilitar el proceso de adopción de un plan de reestructuración, teniendo en cuenta los intereses de los deudores y los acreedores, con el fin de aumentar las posibilidades de rescate de empresas viables. Les exige reducir los efectos negativos de una quiebra en las futuras posibilidades de los empresarios para comenzar un negocio, en particular mediante la rehabilitación de sus deudas en un plazo máximo de tres años.
Finalmente, la Recomendación pide a los Estados miembros poner en práctica medidas apropiadas en el plazo de un año, y año y medio después la Comisión evaluará el estado de la situación, basándose en los informes anuales de los Estados miembros para evaluar si se necesitan más medidas para fortalecer el enfoque horizontal en la insolvencia.
