Madrid. Bankia ha liderado la estructuración, aseguramiento y financiación de la operación de adquisición, por parte de Abertis y el fondo de inversión Goldman Sachs Infrastructure Partners II, de la concesión de las autopistas de peaje más transitadas de Puerto Rico.
La entidad ha participado al máximo nivel en la operación, ya que ha actuado como Mandated Lead Arranger de la misma, lo que supone liderar desde la fase inicial la estructuración, aseguramiento, negociaciones de documentación y financiación de la deuda.
La operación, que supone una financiación por importe de 825 millones de dólares y en la que han participado otras once entidades financieras internacionales, confirma a Bankia en la vanguardia mundial en financiaciones especializadas. Del global de la financiación, Bankia ha concedido 75 millones de dólares.
El contrato, que se firmó el pasado septiembre, se ha estructurado mediante un préstamo bancario por un plazo de 7 años. El préstamo está destinado al pago del canon concesional o precio de adquisición –junto con la aportación de capital de los accionistas – y a la financiación de una línea para reparación y rehabilitación de la autopista.
La financiación está destinada a la adquisición de la concesión de las autopistas de peaje PR22 y PR5 en Puerto Rico, que se adjudicó el consorcio ganador por un importe de 1.136 millones de dólares.
La autopista PR-22 es la autopista más transitada de Puerto Rico, con un tráfico diario de 84.000 vehículos. Discurre a lo largo de 83 kilómetros, conectando la capital (San Juan) con la ciudad de Arecibo en el norte del país. La autopista cuenta con siete estaciones de peaje y da servicio a una zona que destaca por la ubicación de grandes compañías multinacionales del sector industrial y farmacéutico.
Por su parte, la PR-5 es una extensión de cuatro kilómetros de la PR-22 que cruza el área metropolitana de la capital San Juan, en el área de Bayamón.
Ambas autopistas tuvieron en el ejercicio fiscal 2010 unos ingresos de explotación de 90 millones de dólares.
La concesionaria de estas autopistas, tiene el derecho a cobrar, por un plazo de 40 años, un peaje a los usuarios que utilicen la autopista, a la vez que están obligada a mantener y rehabilitar la infraestructura de acuerdo a unas condiciones determinadas.
La entidad ha participado al máximo nivel en la operación, ya que ha actuado como Mandated Lead Arranger de la misma, lo que supone liderar desde la fase inicial la estructuración, aseguramiento, negociaciones de documentación y financiación de la deuda.
La operación, que supone una financiación por importe de 825 millones de dólares y en la que han participado otras once entidades financieras internacionales, confirma a Bankia en la vanguardia mundial en financiaciones especializadas. Del global de la financiación, Bankia ha concedido 75 millones de dólares.
El contrato, que se firmó el pasado septiembre, se ha estructurado mediante un préstamo bancario por un plazo de 7 años. El préstamo está destinado al pago del canon concesional o precio de adquisición –junto con la aportación de capital de los accionistas – y a la financiación de una línea para reparación y rehabilitación de la autopista.
La financiación está destinada a la adquisición de la concesión de las autopistas de peaje PR22 y PR5 en Puerto Rico, que se adjudicó el consorcio ganador por un importe de 1.136 millones de dólares.
La autopista PR-22 es la autopista más transitada de Puerto Rico, con un tráfico diario de 84.000 vehículos. Discurre a lo largo de 83 kilómetros, conectando la capital (San Juan) con la ciudad de Arecibo en el norte del país. La autopista cuenta con siete estaciones de peaje y da servicio a una zona que destaca por la ubicación de grandes compañías multinacionales del sector industrial y farmacéutico.
Por su parte, la PR-5 es una extensión de cuatro kilómetros de la PR-22 que cruza el área metropolitana de la capital San Juan, en el área de Bayamón.
Ambas autopistas tuvieron en el ejercicio fiscal 2010 unos ingresos de explotación de 90 millones de dólares.
La concesionaria de estas autopistas, tiene el derecho a cobrar, por un plazo de 40 años, un peaje a los usuarios que utilicen la autopista, a la vez que están obligada a mantener y rehabilitar la infraestructura de acuerdo a unas condiciones determinadas.
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