El convenio, que se firmará próximamente, contempla un alcance mínimo para la promoción y construcción de un mínimo de 1.700 viviendas de protección oficial en fases posteriores
El acuerdo establece que los pisos estén finalizados en un plazo máximo de cinco años a partir de la cesión de cada suelo, y el 30% se reservará para jóvenes
El Plenario del Consejo Municipal ha aprobado hoy el convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) para ampliar el parque público de vivienda de alquiler asequible. Con los votos a favor del Gobierno municipal y los grupos de Junts (Trias x BCN), ERC, PP y Vox, y la abstención de BComú, el pleno ha dado luz verde al marco por la cesión de 11 solares municipales para que la Generalitat construya y gestione 637 viviendas protegidas y alojamientos dotacionales. Se trata de una primera fase del acuerdo entre ambas administraciones con un alcance mínimo de 1.700 nuevas viviendas, tal y como se pactó en la comisión mixta entre el Ayuntamiento y la Generalitat en el mes de octubre.
A partir de ahora, una vez llevada a cabo la firma del convenio, el Ayuntamiento constituirá un derecho de superficie de 75 años de duración sobre cada una de las parcelas y lo cederá gratuitamente al Incasòl, a la vez que se compromete a agilizar el trámite de concesión de licencias y permisos vinculados a la promoción de viviendas. Por otra parte, Incasòl se compromete a haber construido las viviendas en un plazo de 5 años, a contar desde la cesión del derecho de superficie, un plazo ampliable para las promociones de más de 150 viviendas. Transcurridos los 75 años de la cesión del derecho, la Generalitat devolverá las construcciones al Ayuntamiento.
Durante el pleno, la teniente de alcaldía de Urbanismo, Transición Ecológica, Servicios Urbanos y Vivienda, Laia Bonet, ha afirmado que “una de las principales prioridades del Gobierno municipal es garantizar el acceso a la vivienda a partir de la movilización de todos los recursos a nuestro alcance”. «Queremos que el Incasol incremente su actividad en la ciudad y sume su labor promotora a la del IMHAB y que la Generalitat cumpla con Barcelona, también en todo lo relacionado con vivienda», ha añadido.
Todas las viviendas fruto de este convenio serán de protección oficial y se adjudicarán en régimen de alquiler entre las familias inscritas en los registros de solicitantes de VPO, de acuerdo con los procedimientos habituales del Consorcio de la Vivienda de Barcelona forman ambas administraciones. En cualquier caso, se preverá una reserva mínima del 30% del total de las viviendas a jóvenes menores de 35 años. La gestión y formalización de los alquileres correrá a cargo de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, órgano dependiente de la Generalitat.
