El presidente de FAI, José María Alfaro, asegura que “existe mucha incertidumbre, en estos momentos, entre los arrendadores” y lamenta que las prisas electorales hayan dado luz verde a una ley que no ataja de raíz el grave problema que existe en España con la vivienda
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) advierte que las agencias inmobiliarias que trabajan con pequeños propietarios ya están notando una fuga de propietarios del alquiler de vivienda habitual hacia otras modalidades de alquiler o la venta antes de que la nueva Ley de Vivienda entre oficialmente en vigor, especialmente en las grandes ciudades.
En este sentido, el presidente de FAI, José María Alfaro, asegura que “existe mucha incertidumbre, en estos momentos, entre los pequeños arrendadores, que son la gran mayoría” y lamenta que “las prisas electorales hayan dado luz verde a una ley que lejos de atajar de raíz el grave problema que existe en España con el alquiler de vivienda lo agravará.
Al respecto, Alfaro insiste en que “acabará siendo contraproducente y afectando a los propios inquilinos, aparte de a los pequeños propietarios que son los que ponen el 95% de la oferta en el mercado”.
Asimismo, el presidente de FAI señala las 10 principales consecuencias que traerá la nueva normativa y que las agencias inmobiliarias, que tratan directamente tanto con arrendadores como inquilinos, ya han puesto sobre la mesa en numerosas ocasiones.
1) Los inquilinos con menor solvencia, capacidad de pago o estabilidad laboral lo tendrán aún más difícil si cabe para alquilar. El «casting de inquilinos» se endurecerá, debido a la inseguridad generada en los arrendadores.
2) Los arrendadores retirarán propiedades del alquiler como vivienda habitual hacia otros usos, o las venderán, como ya está pasando, lo disminuirá aún más el stock de vivienda en alquiler.
3) Los inquilinos tendrán que depositar y garantizar más cantidad de fianza o avales. Hasta ahora la media era de uno y dos meses, y ahora tenderán a elevarse al máximo que permite la ley, que son tres.
4) Los arrendadores verán minorada su rentabilidad por menor incentivo fiscal y mayor riesgo de extensión del plazo para recuperar las llaves de la vivienda ante un impago.
5) Los inquilinos tendrán menos poder negociador en los contratos de arrendamiento y mayores dificultades para poder arrendar una vivienda que se adecue a sus necesidades o circunstancias personales.
6) Los arrendadores, en zonas tensionadas, invertirán menos para mantener y rehabilitar las viviendas alquiladas.
7) Como consecuencia del mayor coste de gestión para los arrendadores, los inquilinos deberán comprometerse a un mayor período de arrendamiento mínimo, y por tanto habrá menos contratos de un año y menos rotación en la oferta de vivienda.
8) Los arrendadores tenderán inicialmente a autogestionarse para ahorrarse costes de gestión adicionales y esto se traducirá en un aumento de la economía sumergida en el sector
9) Los inquilinos sufrirán y pueden ser víctimas de engaños, estafas o condiciones abusivas, al no disponer de un profesional que medie en el alquiler asegurando condiciones más equilibradas.
10) El precio de los nuevos alquileres de vivienda subirá en las principales ciudades por el mayor riesgo y menor rentabilidad al que estarán sometidos los propietarios.
