Un centenar de personas han acudido a la presentación del sindicato de inquilinos. Esta iniciativa, lanzada de manera conjunta en Madrid y Barcelona, pretende convertirse en un «lobby» para «influir en los espacios en los que se dictan los precios» y contribuir así a la disminución de la renta de alquiler.
En los últimos doce meses el precio del alquiler ha subido casi un 15% en Madrid y un 18 % en el conjunto de la comunidad autónoma. Esto, sumado a los bajos salarios medios de la población -casi el 50% cobra menos de 1.000 euros- provoca una auténtica situación de emergencia para quienes no tenemos una vivienda en propiedad.
Entre los objetivos que se han marcado no se encuentra solo combatir los precios, también incluyen la defensa de los derechos de los inquilinos, la mejora de las condiciones habitacionales de los pisos, la limitación de los abusos de los propietarios y facilitar los accesos al régimen de alquiler. Esta iniciativa que ya existe en Gran Canaria ha comenzado hoy a coger forma de forma conjunta en Madrid y Barcelona.
«Queremos que se reconozca el derecho a la ciudad», ha afirmado Ernesto García, portavoz del sindicato. Aunque no quieren centrar su actividad «solo en los centros urbanos altamente turistificados» y pretenden extenderse por toda la Comunidad de Madrid. Según han expuesto, esta organización puede llegar a a servir de herramienta para «paralizar expulsiones de hogares» por impago, siguiendo el estilo impulsado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en los desahucios.
García, ha detallado las tres fases que tienen planeadas para llegar a conseguir que este sindicato se convierta en un «actor social por la defensa de los derechos del acceso a la vivienda». La primera, comenzará el próximo viernes 26 de mayo. Ese día celebrarán la primera asamblea y a partir de entonces esperan comenzar a crear grupos de trabajo y planificar qué servicios van a ofrecer. En septiembre arrancará la segunda fase.
«Hasta el inicio del año que viene queremos expandir el sindicato con nodos barriales y locales, contar con asesoría jurídica para inquilinas en cuestiones de arrendamiento y conseguir una autonomía económica», ha añadido. Según sus cálculos, a partir del año que viene, alcanzarían la última fase con la consolidación de este sindicato.
En la presentación ha participado Alicia, activista de la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) en el barrio de Usera. Esta mujer ha expuesto su caso. Cobra 700 euros y tiene problemas para encontrar un piso en la capital. «Me piden nómina de 1.500 euros y fianza de cuatro a seis meses para un piso que podría costar, entre 600 y 700 euros», ha explicado esta trabajadora.
Por otro lado, Raquel Rodríguez, docente de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha destacado que este año van a comenzar a emerger las consecuencias la modificación de la LAU que «modifica los plazos máximos del alquiler de cinco a tres años». Esta profesora considera que la reforma impulsada por el Gobierno «provocará el aumento de la renta».
