El Gobierno de Cataluña ha decidido crear un índice de referencia del alquiler, antes incluso de elaborar la ley de arrendamientos urbanos (LAU). Se aprobará por la vía urgente mediante decreto del Ejecutivo, con el objetivo de paliar la escalada de precios que está sufriendo el alquiler, sobre todo en grandes ciudades como Barcelona.
El Ejecutivo autonómico abrió la puerta a la regulación de precios, tras la insistencia de diversos grupos sociales como la PAH o la Plataforma por una Vivienda Digna (PHD), además del Ayuntamiento de Barcelona, principal ciudad afectada por el aumento de precios.
El índice de precios de referencia se calculará con base en elementos objetivos de la vivienda, como la ciudad y zona en la que se encuentra, su estado, la superficie disponible o su accesibilidad. Finalmente, se propondrá un precio óptimo según estas características, que será indicativo tanto para arrendadores como para arrendados y se recalculará cada dos años.
Será público y se obligará a los arrendadores, inmobiliarias y portales web a informar a los clientes potenciales de si la vivienda se encuentra por encima del precio de referencia, una información que también se deberá indicar en el contrato.
Esta relación de precios debe servir también como guía para el conjunto de las administraciones, especialmente las locales, con el objetivo de que incentiven los alquileres justos con sus propias herramientas.
Así, se espera que los ayuntamientos bonifiquen los precios bajos mediante el IBI y priorizándolos en la obtención de ayudas. La Generalitat hará lo propio mediante las ayudas que gestiona, como las ayudas a la rehabilitación.
Esta será la primera materialización de las propuestas surgidas de la mesa de estudio sobre la LAU, que reúne a diversos actores políticos y sociales del sector, y que este martes llevó a cabo su última reunión.
Con la aprobación del decreto, el gobierno catalán podrá comenzar a modular los incrementos exagerados de los alquileres de Cataluña, así como dar transparencia al sector e igualar los derechos de propietarios e inquilinos.
A partir de aquí, en unos nueve meses el Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont prevé llevar al Parlament la ley de arrendamientos urbanos, donde otras de las propuestas surgidas de la mesa de trabajo estarán contempladas.
Entre las reclamaciones de los grupos se encuentra la elaboración de un registro de alquileres, con el objetivo de identificar malas prácticas en el alquiler, también aumentar los periodos de los contratos, pasando de contratos de tres años más uno de prórroga a cinco años más tres, o la recuperación del modelo de contratos de larga duración.
