Lss casi 54.000 familias que viven de alquiler en Madrid, con unas rentas muy limitadas, esperaban con cierta inquietud el listado provisional de los beneficiarios que debía hacer público el Gobierno presidido por Cristiana Cifuentes, sabedores de que los 10 millones de euros de ayudas contemplados iban a dejar a muchos fuera de la subvención.
Y así ha sido. Apenas 4.200 percibirán un máximo de 200 euros mensuales. Los restantes 50.000 arrendatarios que registraron la solicitud para percibir esta ayuda se quedarán sin ella, viéndose abocados en muchos casos a tener que afrontar, más pronto que tarde, el trance de dejar sin pagar los recibos.
O sea que la Comunidad de Madrid reconoce el derecho, pero también que no hay dinero para todos. De esta forma, más de un 85% de los hogares que viven en la región en régimen de alquiler no tienen, según los criterios del propio Gobierno autonómicos, unos ingresos suficientes como para hacer frente al pago de la renta con soltura.
Los afortunados recibirán las ayudas en octubre. La idea del Ejecutivo autonómico es abonar en un único pago los diez primeros meses de 2015 para, en noviembre y diciembre, acometer el pago con periodicidad mensual. En muchos casos, ese abono de octubre, entre 1.000 y 2.000 euros, supondrá todo un soplo de aire fresco para familias con recursos económicos muy limitados.
Al margen de los que se quedan sin la ayuda por falta de fondos, otros 3.820 solicitantes han sido excluidos por superar el umbral de ingresos requerido. Son aquellos titulares de un contrato de arrendamiento que, en el conjunto de la unidad familiar, ingresan más de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
El gran número de solicitudes ha retrasado el estudio de cada uno de los casos y por tanto la resolución del listado, aún provisional, de admitidos, excluidos por motivos económicos y de excluidos porque el presupuesto de la Comunidad no daba para más.
Para solicitar la ayuda, los potenciales beneficiarios debían cumplir con una serie de procedimientos establecidos por la Comunidad, más allá de cumplir con los umbrales de renta. Entre ellos, conseguir que el arrendador depositara un mes de fianza del inmueble en el ya extinto Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), sustituido ahora por la nueva Agencia de Vivienda Social.
