La Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA), los sindicatos UGT y CCOO, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), las organizaciones de consumidores Facua, UCE-UCA y Al-Ándalus, y la plataforma social 'No al Cerrojazo' han firmado en Granada una declaración conjunta en defensa del comercio andaluz y contra el fin de la moratoria prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para los alquileres de renta antigua.
El texto advierte al Gobierno central de las repercusiones económicas y sociales negativas que conllevará para Andalucía la extinción de los contratos de arrendamiento sujetos a renta antigua, un aspecto previsto en la Disposición Transitoria III de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de 1994, que establece que todos los negocios que tengan un contrato de este tipo firmado con anterioridad a mayo de 1985 deberán actualizar sus acuerdos de alquiler antes del 31 de diciembre.
La citada declaración señala que si esta medida se mantiene y no se atiende la reivindicación del sector, a partir del 1 de enero de 2015, "inevitablemente, se producirá el cierre masivo de miles de empresas fuertemente arraigadas en nuestras ciudades, que en el mejor de los casos se verán obligadas a negociar un nuevo contrato de arrendamiento, con un incremento de renta de tal magnitud, que en el contexto actual de profunda y persistente crisis económica, harán inviable su supervivencia".
En concreto, el texto afirma que la decisión del Gobierno central de aplicar el fin de la moratoria puede provocar "la posibilidad de cierre de más de 100.000 empresas de, al menos, 30 años de antigüedad, que han participado en el desarrollo histórico, social y económico de las ciudades" y "repercutirá en todas las industrias relacionadas con el sector, proveedores, auxiliar y servicios, que verán reducida drásticamente su cartera de clientes". Igualmente, la declaración alerta de que "más de 300.000 personas se verán abocadas a la pérdida de su puesto de trabajo".
Según recoge el manifiesto, otra consecuencia para el sector será la "desertización de las ciudades con la consiguiente degradación urbanística de sus principales ejes comerciales", lo que generará "un incremento en la percepción de inseguridad para el turismo y la ciudadanía". Asimismo, se advierte de los perjuicios para el consumidor, que "perderá la atención personalizada, sufrirá un encarecimiento de los precios y verá limitada su posibilidad de compra de proximidad".
Por todo ello, las organizaciones firmantes de esta declaración solicitan al Gobierno central modifique la Disposición Transitoria III de la LAU e introduzca una nueva moratoria de diez años en todos los casos de arrendamiento de local de negocio, por lo que la extinción de estos contratos sería a los 30 años de la entrada en vigor de la citada norma.
De esta forma, al inicio del nuevo régimen transitorio de 10 años, se procedería a una actualización de la renta calculando la diferencia entre el incremento de los últimos 20 ejercicios del IPC de arrendamientos urbanos a fecha del 31 de diciembre de 2014 y el aumento del IPC general ya aplicado. A partir de esta fecha se utilizaría como índice corrector el referido IPC de arrendamientos urbanos anual corriente.
Además, se pide que la indemnización recogida en la Disposición Transitoria sea de 18 mensualidades de la renta rechazada por el inquilino en todos los casos y que el arrendador tenga la obligación de presentar una oferta al arrendatario en los 30 días siguientes al fin de la moratoria.
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, destacó que con este posicionamiento común, "desde Andalucía dejamos claro que apoyamos al pequeño comercio, que es el que ha hecho posible que las ciudades sean tal como las conocemos hoy y que, en momentos de crisis y dificultad, ha mantenido vivos los centros históricos y los barrios de nuestras ciudades".
Junto con el consejero, que estuvo acompañado por la directora general de Comercio, María del Carmen Cantero, la declaración aprobada hoy fue suscrita por el presidente de la CECA, Manuel García-Izquierdo; la vicepresidenta de CEPES-Andalucía, Rosa María Martínez; el secretario general de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT-A, Antonio Cardeña; el secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO-A, Gonzalo Fuentes; el portavoz de la plataforma 'No al cerrojazo', Ángel Rodríguez; y los presidentes de Al-Ándalus Granada, Facua-A, y UCA-UCE, Emilia Martínez, Olga Ruiz e Inmaculada Rodríguez, respectivamente.
