El Gobierno Federal de Alemania, presidido por Angela Merkel, no está dispuesto a que los precios de los alquileres de viviendas se disparen de la manera que lo están haciendo, poniendo en riesgo que una buena parte de los ciudadanos puedan pagar las rentas que se están pidiendo. Por ello, acaba de aprobar un proyecto de ley en el que se establece que los precios no podrán ser superiores al 10% de la media de una zona.
La medida no regirá para la vivienda nueva, sino únicamente en pisos usados, por considerarse que éstos son los más susceptibles de caer en la especulación cuando concluye un contrato de larga duración y se firma un nuevo.
“El freno de alquiler no se aplica para la modernización integral y la nueva construcción. Si queremos evitar el enorme aumento de los alquileres a largo plazo, también necesitamos nuevas viviendas. Se trata de encontrar un equilibrio justo entre los intereses de los propietarios e inquilinos", señalaba el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, durante la presentación del proyecto en el Parlamento.
El Ejecutivo considera que en los grandes núcleos urbanos en estos momentos hay déficit de vivienda de nueva construcción, por lo que no les aplicará ese límite a los precios del alquiler. Los expertos calculan que cada año hacen falta en Alemania al menos 250.000 nuevos pisos.
“El techo a las rentas ayudará a que los alquileres siguen siendo asequibles para los trabajadores promedio. Más del 30 o 40 por ciento de aumento de los alquileres en algunas áreas metropolitanas son simplemente inaceptables”, apuntaba Heiko Maas.
A partir de aquí, según lo que recoge el proyecto de ley, será competencia de cada uno de los Estados federados (Länder) establecer cuáles son las ciudades y distritos más afectados por la especulación inmobiliaria.
La norma prevé una serie de sanciones económicas a los arrendatarios que incumplan la normativa y ofrezcan sus viviendas a precios considerados abusivos. En casos de extrema gravedad o reincidencia, se contempla incluso la posibilidad de penas de cárcel para los infractores.
El proyecto del Gobierno entrará en breve en el trámite parlamentario, que se prevé supere sin dificultades con los votos de la gran coalición de la canciller Angela Merkel, de manera que podría entrar en vigor en los primeros meses de 2015.
