Madrid. La Comunidad de Madrid no quiere ver cómo los 18.000 pisos del Plan Joven siguen quedándose vacíos, porque los destinatarios iniciales, menores de 35 años, no pueden ni hacer frente al alquiler ni tampoco ejercer la opción a compra, el objetivo inicial para el que fueron ideados.
Y es que lo que empezaba a atisbarse hace cuatro años —cuando los responsables autonómicos en materia de vivienda echaban balones fuera al reconocer que las renuncias eran de solo el 2% de los adjudicatarios a los que no se había podido localizar— se ha convertido hoy en la cruda realidad: hay promociones con más viviendas vacías que ocupadas.
Así, los dirigentes del Gobierno regional andan dándole vueltas al tema para que el acceso restringido a estos pisos lo sea cada vez menos. Hace dos años, a la vista del aumento de pisos vacíos por las renuncias tanto de adjudicatarios como de reservas, la comunidad modificó el proceso de selección para ofrecer los disponibles a los inscritos en la lista única de solicitantes que cumplieran los requisitos.
Se pretendía así agilizar un proceso de adjudicación que empezaba a enquistarse debido al aumento de las renuncias y a la dificultad administrativa para encontrar a personas que pudieran estar interesadas. "Lo que se pretende es que, en lugar de ofrecer el piso que esté libre a una única persona de forma sucesiva, se ofrezca de forma conjunta a todos los inscritos en la lista única. Si hay más de un joven interesado por el mismo piso, y ambos cumplen con todos los requisitos, se adjudicará al que se hubiera inscrito antes en la lista", explicaban desde la Consejería de Vivienda.
La medida tampoco parece haber tenido el efecto deseado. Y por ello, se está barajando la posibilidad de que la edad no sea impedimento alguno para acceder a estas viviendas. De salir adelante la propuesta, los interesados que superen la edad podrán ejercer el derecho de compra ya en el primer año de arrendamiento, sin tener que esperar al quinto, sexto o séptimo año como ocurre en este momento.
Otra novedad pasaría por modificar el régimen de uso de las viviendas, que podrán cambiar entre venta, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra según las necesidades de cada caso concreto. Se trata de adaptar la oferta a la demanda de cada momento, evitando que se quedaran viviendas vacías al no adaptarse a las necesidades de los interesados.
De esta forma, los promotores que tengan viviendas protegidas en alquiler con opción a compra podrán cambiar el régimen al de alquiler social, con rentas algo más reducidas, si dicha opción se adapta mejor a las características de los posibles inquilinos. También incluye ampliar la superficie máxima, de 70 a 80 metros cuadrados construidos.
