Madrid. Facilitar el acceso a una vivienda a los ciudadanos con mayores dificultades económicas es uno de los objetivos de la política de vivienda que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid. Para avanzar en esta línea, la Junta de Gobierno ha aprobado un gasto de 995.033 euros destinados a rebajar el alquiler a las familias adjudicatarias de viviendas protegidas municipales.
En total, a lo largo de 2011, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) destinará a este objetivo 3.980.135 euros, y 2.440 familias se beneficiarán de las ayudas. En el caso de las viviendas del Plan de Vivienda en Alquiler que gestiona la EMVS, las subvenciones oscilan entre el 10% y el 25% de la renta, según cada caso particular.
En cuanto a las familias realojadas en viviendas municipales de Régimen Especial, verán reducida su renta entre un 20% y un 50%, de forma que el pago esté adaptado a su nivel de ingresos. Por último, en los casos de realojos de familias procedentes de colonias municipales y bolsas de deterioro urbano, la subvención es aún mayor, ya que la renta se establece en el 10% de los ingresos brutos familiares, por lo que el resto, hasta alcanzar la renta objetiva, se cubre con la subvención. Estas personas, procedentes de distintas operaciones de realojo, son uno de los grupos sociales más vulnerables económicamente.
Las ayudas son fruto de la política social del Ayuntamiento para facilitar una vivienda digna de los sectores sociales con mayores dificultades de acceso. Así, la política de vivienda reúne criterios urbanísticos y sociales, que estrechamente vinculados, permiten erradicar la exclusión social asociada a la falta de una vivienda digna.
Los programas de vivienda promovidos por la EMVS dan respuesta al perfil y las necesidades de los demandantes de viviendas protegidas, que se ponen a disposición de los adjudicatarios con precios de venta al menos tres veces inferiores a los de mercado.
Para desarrollar esta política pública de vivienda, el Gobierno de la ciudad realiza un importante esfuerzo inversor, que mantiene incluso en la actual época de crisis, dado sus efectos no sólo sociales sino también económicos, al contribuir al mantenimiento de la actividad en el sector de la construcción y a la generación de puestos de trabajo.
El Plan Integral de Vivienda y Suelo 2003-2011 tiene actualmente 56.800 viviendas entregadas, en ejecución, con el proyecto redactado, o gestionadas por el Servicio Municipal de Alquiler, lo que supone un 82% de las 69.000 comprometidas hasta 2011. De ellas, 15.067 son viviendas protegidas de iniciativa municipal en venta; 6.476 de iniciativa municipal en alquiler; 19.982 son promovidas por la iniciativa privada, y 15.275 gestionadas por el Servicio Municipal de Alquiler.
