Lo que mal empieza mal acaba. La aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 en la Comunidad de Madrid se ha convertido en todo un culebrón. El Gobierno regional, primero bajo presidencia de Ignacio González y, ahora, con Cristina Cifuentes, fue el último Ejecutivo autónomo en adherirse al plan del Ministerio de Fomento. Fue el único que no puso ni en un euro más de lo que acordó aportar Fomento, y también fue el único que, en octubre de 2015, firmó el acuerdo para recibir las transferencias.
Desde entonces tuvo tiempo de sobra para convocar las ayudas, pero no lo hizo hasta el pasado mes de mayo. Y ahora, deprisa y corriendo, ante el mes que queda para remitir a Fomento los expedientes relativos a las comunidades de propietarios beneficiadas, un cúmulo de despropósitos amenaza con dejar sin las subvenciones a cientos de comunidades que las han solicitado.
Ha dado un plazo de 10 días, del 20 al 30 de septiembre, para que unos 10.000 solicitantes -personas mayores, en un porcentaje muy elevado- presenten alegaciones y aporten documentación adicional. Además del breve plazo contemplado, los vecinos se quejan de lo complicado que resulta saber si su comunidad de propietarios figura entre las 943 incluidas en el listado con algún tipo de incidencia en la documentación aportada.
A diferencia de otras ocasiones, las comunidades no han recibido una notificación oficial por escrito sobre el estado de la tramitación, limitándose el Gobierno regional a publicar una resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el pasado 19 de septiembre, informando de la existencia de un listado en la página web madrid.org, sin dar más detalles.
Para llegar al listado, los vecinos no lo tienen fácil. No existe un enlace directo desde a home del portal regional. Para llegar hasta esa relación, un usuario de internet tardaría un rato, pero las personas mayores lo tienen muy complicado. Al final, muchos solicitantes se quedarán sin ayudas por no llegar a tiempo de cumplir con la aportación de documentos exigidos.
Toda esta premura obedece, según Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (Fravm) a la dejadez que, en este asunto, ha demostrado la Comunidad de Madrid.
«Deben presentar toda la documentación a Fomento en octubre, el plazo máximo establecido», asegura. «Lo podían haber hecho antes si en lugar de convocar las ayudas en mayo hubieran tardado menos, teniendo en cuenta que, en octubre de 2015, la Comunidad firmó con Fomento la transferencia de los recursos», explica Pérez. Pero no lo hicieron, y ahora las prisas, ya se sabe, suelen ser malas consejeras.
