La exclusión residencial grave es una realidad que va en aumento en todo el mundo y la ausencia de estudios específicos, de cara a conocer las características sociodemográficas de las personas afectadas, se convierte en una de las principales limitaciones a las que se enfrentan las instituciones a la hora de abordar el tratamiento de la exclusión residencial grave.
Es la razón por la que representantes del Gobierno Vasco, de las tres Diputaciones forales, de los Ayuntamientos de las 3 capitales (Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz), así como de Eudel (en nombre de los municipios interesados en adherirse al protocolo), han firmado un protocolo de colaboración que garantizará la continuidad de los trabajos a realizar sobre este fenómeno cuya incidencia social parece ir en aumento.
En 2014, un recuento nocturno promovido por el Gobierno Vasco y diez de los principales municipios de la CAPV identificó a 1.836 personas en situación de exclusión residencial grave: 323 pernoctaban en la calle y otras 1.513 se alojaban en algún recurso residencial público para personas sin hogar. De todas las personas contabilizadas, 297 fueron localizadas en Álava (el 16,2%), 904 en Bizkaia el (49,2%) y 635 en Gipuzkoa (el 34,6%).
El acuerdo permitirá establecer el contenido de las actividades que se desarrollarán a corto, medio y largo plazo (organización de recuentos, realización de encuestas a las personas localizadas, elaboración de investigaciones e informes monográficos, organización de seminarios, etc.).
El protocolo establece que este año, y en adelante cada dos años, se celebrarán recuentos de personas en situación de exclusión residencial grave en los municipios interesados.
En 2017, y en los años impares sucesivos, se elaborará el informe de resultados del recuento para su posterior presentación en el marco de unas jornadas monográficas sobre exclusión residencial.
Las instituciones firmantes se comprometen a aportar los recursos técnicos, económicos o materiales necesarios para el desempeño de las actividades.
Así, los ayuntamientos destinarán recursos técnicos y personales para la realización del recuento de personas en situación de exclusión residencial grave en sus respectivos términos municipales. Por su parte, las Diputaciones Forales facilitarán el acceso a los centros y recursos que gestionen directa o indirectamente a las personas responsables de la realización del recuento, así como a los datos estadísticos o de gestión necesarios para realizar las investigaciones que contempla el acuerdo.
Y, desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, realizará y/o financiará el informe de resultados y la organización de las jornadas monográficas de presentación. Finalmente, a Eudel le corresponde facilitar la coordinación y la transmisión de información entre los ayuntamientos que participen en las actividades cubiertas por este protocolo.
