El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa), ha iniciado los trámites para bonificar el 95 por ciento del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a 2.663 inquilinos de VPO en régimen de alquiler o en régimen de alquiler con opción a compra.
La aplicación de esta bonificación supondrá un ahorro medio de 220 euros al año y se aplicará en el IBI de 2016, repercutiendo en todos los recibos a partir del 1 de enero de 2017. Además de pasar por el Pleno extraordinario de vivienda, esta medida cuenta con la base legal necesaria en las ordenanzas fiscales de 2016, que ya han sido aprobadas de forma definitiva.
Una vez aplicada esta bonificación, 2.663 familias inquilinas de viviendas protegidas pasarán a pagar solo el 5 por ciento de los recibos del IBI, lo que Emvisesa estima que tendrá una repercusión económica para el Ayuntamiento de Sevilla de 587.503 euros al año. La tramitación de esta medida se inicia ahora y debe ser posteriormente aprobada por el Pleno municipal. Una vez superado este trámite el ahorro se trasladará ya a los recibos de los inquilinos a partir del 1 de enero de 2017.
Se trata de una medida innovadora y de gran alcance social para las familias inquilinas de VPO de Emvisesa, al tiempo que supone un avance en el cumplimiento por parte del Gobierno municipal de los acuerdos aprobados en el Pleno extraordinario de vivienda.
En línea con esta medida, el consistorio hispalense está ultimando los trámites para la próxima presentación de un plan de medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna, una vez analizadas e incorporadas en su mayor parte las propuestas de Izquierda Unida, Participa Sevilla y Ciudadanos, que son los únicos grupos políticos que han presentado aportaciones al documento.
También en este contexto, los responsables del Ayuntamiento de Sevilla negocian con la Sareb la posible cesión de viviendas en la ciudad, con el objetivo de aumentar el stock municipal de viviendas para cubrir la demanda ciudadana, después de que la oferta de la empresa pública Emvisesa haya quedado bajo mínimos al adjudicar ya la práctica totalidad de sus inmuebles.
El pasado mes de diciembre, su alcalde, Juan Espadas, advertía de que se había adjudicado la práctica totalidad de viviendas de Emvisesa, alrededor del 95 por ciento, mientras que siguen existiendo 389 familias baremadas con necesidad urgente de un piso. Además, hay unos 11.800 inscritos en el registro de demandantes, la mitad de ellos jóvenes y el 60 por ciento con ingresos por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
