Los bancos españoles fueron muy reticentes en un principio a ceder parte de sus innumerables viviendas, llegadas a sus balances como consecuencia de la crisis económica, pero poco a poco, ante la presión social, no les quedó otra que asumir la realidad.
Así, a través de mecanismos como el Fondo Social de Viviendas o el Código de Buenas, están aportando parte de esa cartera para cumplir con los fines que estos mecanismos incoporan.
En este sentido, el Banco Popular, presidido por Ángel Ron, acaba de actualizar el dato de las viviendas que ha derivado hacia alquileres sociales. Y, a 31 de diciembre, son 1.012 los contratos de arrendamiento firmados.
Las viviendas que el Banco Popular incluyó en el marco de estas actuaciones se han destinado, en régimen de alquiler, a personas desalojadas por impago de la hipoteca y que, como consecuencia de ellos, se encontraban en circunstancias de especial vulnerabilidad.
Continuando con la práctica originada desde el inicio de la crisis económica, el banco presidido por Ron ha ofrecido, especialmente a sus clientes con primeras viviendas hipotecadas, diferentes soluciones alternativas que les ayudasen a paliar la situación derivada de la incapacidad transitoria del pago de sus obligaciones.
En este sentido, Popular no ha procedido al desalojo forzoso de ninguna familia cuya vivienda habitual se hubiera adjudicado en un procedimiento de ejecución hipotecaria, alcanzando siempre acuerdos puntuales con sus ocupantes.
También han sido numerosos los casos en que se han puesto en marcha los objetivos incluidos en el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.
Código establecido en 2012, aplicado a personas situadas dentro del denominado umbral de exclusión, que ha permitido tanto la reestructuración de la deuda hipotecaria a quienes padecen dificultades extraordinarias para atender su pago, como la flexibilización de la ejecución de la garantía real.
Como el resto de la entidades financieras, el Popular firmó con el Gobierno, en enero de 2013, el convenio para la creación de un fondo social de viviendas, destinado a personas que hayan sido desalojadas de su domicilio por el impago de un préstamo hipotecario a partir del 1 de enero de 2008 y en las que, además, concurran circunstancias especiales de vulnerabilidad social.
Lo hizo aportando 336 viviendas. La misma cantidad en la que incrementó su aportación al fondo el pasado mes de septiembre.
