El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado la creación de una nueva ayuda al alquiler de vivienda para familias con ingresos medios y bajos, dotada de 10 millones de euros, que ayudará a más de 4.000 familias a pagar el alquiler con hasta 200 euros al mes durante 2015.
Con esta medida, el Gobierno regional extiende las ayudas al acceso a una vivienda también al mercado libre, dando respuesta a las necesidades de aquellas familias que no disponen de una vivienda pública pero que tienen dificultades para pagar su renta porque sus ingresos han disminuido con motivo de la crisis.
Estas ayudas se concederán según los ingresos familiares, dando prioridad a las rentas más bajas, hasta un límite máximo de 3,5 veces el IPREM. Este límite de 3,5 veces el
indicador de renta IPREM varía según el número de miembros de la unidad familias, siendo de 32.000 euros para uno o dos miembros, llegando a los 37.000 euros para familias de seis o más miembros.
Estas ayudas, que serán incompatibles con otras ayudas al alquiler, tendrán un importe máximo de 200 euros al mes con un límite de 2.400 euros al año. Este importe máximo de 200 euros al mes se entregará a aquellas familias que paguen un alquiler igual o superior a 200 euros mensuales.
Aquellas familias que paguen un alquiler inferior a los 200 euros – 150 euros al mes, por ejemplo– recibirán el importe máximo de la renta que estén abonando cada mes.
La nueva ayuda para el pago del alquiler se enmarca dentro de un conjunto de medidas de carácter social que está impulsando la Comunidad de Madrid, como son la bajada del precio del agua o la congelación de las tarifas de las guarderías públicas, las tasas universitarias, los precios de las escuelas de artes y músicas y del transporte público por segundo año consecutivo.
En breve se abrirá el plazo de solicitud, tras el cual habrá un periodo para analizar estas solicitudes y poder conceder las ayudas al alquiler. Una vez concedida la ayuda, se abonará la ayuda para pagar el alquiler de manera retroactiva con fecha 1 de enero.
No podrán acceder las familias que vivan de alquiler en una vivienda de propiedad pública como las de las empresas municipales de vivienda o el IVIMA, donde los 20.000 alquileres ya se calculan en cada caso teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada adjudicatario y hay casi 5.000 familias a las que se les aplica además una reducción de renta sobre ese alquiler reducido, llegando a pagar 50 euros al mes.
