La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Sulbey González, ha presidido el sorteo ante notario que permitió generar la lista de demandantes de viviendas protegidas de promoción pública, en régimen de alquiler, para segundas o posteriores adjudicaciones, de viviendas vacantes en diferentes municipios de las islas de Gran Canaria y Fuerteventura.
Se trata de un trámite previsto en el artículo 21 del decreto 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda, modificado por el Decreto 96/2012, de 13 de diciembre (BOC nº 250, de 24 de diciembre de 2012).
Sulbey González destacó el proceso continuo que se desarrolla en el departamento que dirige para adjudicar las viviendas que han quedado vacías a quienes más lo necesitan y aseguró que "la entrega de viviendas en segunda adjudicación es la fórmula para dar una solución a familias con grandes dificultades, en su mayoría mujeres con cargas familiares y sin ningún recurso ni posibilidad de acceder a una vivienda por su cuenta".
Se trata de viviendas protegidas de promoción pública en alquiler que los adjudicatarios iniciales dejaron por diferentes motivos y que el Gobierno recupera y rehabilita para entregar, por el proceso de segunda adjudicación, a familias con muy escasos ingresos y muchísimas dificultades añadidas.
El sorteo fue realizado ante la notaria a través de la aplicación "Generación de series de números aleatorios para actas de sorteo" de la Plataforma Telemática del Consejo General de Notariados.
Estas viviendas están incluidas en el Plan de Vivienda de Canarias, en la fase de rehabilitación de viviendas del parque público para su posterior adjudicación a familias, según lo previsto en el artículo 21.4 del Decreto 138/2007 de 24 de mayo para familias con una situación de perentoria o extrema necesidad.
El coste de las mensualidades que deberán abonar las familias adjudicatarias está subvencionado por el Gobierno de Canarias en un porcentaje que se adapta a las particulares condiciones económicas y familiares de cada familia, llegando a cubrir hasta el 99% de la cuota mensual cuando la situación familiar es muy precaria. Tal como se establece en la Ley de Vivienda de Canarias, ninguna familia destinará más del 12% de sus ingresos al pago del alquiler.
El departamento canario de Vivienda alojó en 2013 a un total de 80 familias canarias con muy escasos ingresos y circunstancias especiales por el sistema de adjudicación directa, en viviendas de promoción pública en alquiler que habían quedado vacías y han sido recuperadas por el Gobierno de Canarias.
