El nuevo decreto sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda, aprobado por el Gobierno de Navarra reorganiza el sistema de ayudas, centrando el apoyo en las actuaciones de rehabilitación y en el alquiler protegido, aunque mantiene las subvenciones a la compra. La priorización de los solicitantes de menor renta constituye también un elemento clave del nuevo sistema.
La nueva normativa desarrolla la Ley Foral 10/2010, de Derecho a la vivienda en Navarra. El decreto armoniza la normativa existente en esta materia, regula los aspectos técnico-arquitectónicos y define un nuevo régimen de ayudas, con un mejor control del gasto para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que Navarra continúe siendo la región que más subvenciones a la vivienda concede en España.
De hecho, el pasado año, el Gobierno de Navarra otorgó 68 millones de euros en ayudas, de las que se beneficiaron 9.807 viviendas. De la citada cantidad, 40 millones se destinaron a ayudas para rehabilitación; 20,6 millones para adquisición; 5,5 millones en ayudas a promotores de vivienda de alquiler; 1,2 millones para reformas de interior; 395.000€ en derribos; 289.300€ en integración social y 111.400€ en subsidios de interés.
A diferencia de las subvenciones estatales, en Navarra se mantiene la ayuda a adquisición tanto en la VPO (del 6% hasta el 12% sobre el precio de la vivienda) como en la VPT (2% al 6%). En cuanto a ayudas a alquiler, perdura la subvención a arrendatarios de VPO y de vivienda libre del 25% al 75% según los ingresos mensuales.
Y en rehabilitación se mejora la propuesta de 2012 y se hace un especial esfuerzo por mantenerlas en áreas de rehabilitación preferente, viviendas unifamiliares, viviendas de familias numerosas. Destaca en este aspecto la creación de un suplemento especial de subvención para jóvenes y víctimas de género o terrorismo (3%) y el de familias numerosas con hasta un 6% de subvención.
Se introducen mejoras en los procedimientos y se establecen mecanismos para la reducción del stock pendiente de vivienda. Para ello se recupera la figura de la Vivienda Libre de Precio Limitado (VLL), y se plantea la adjudicación sin requisitos para aquellas viviendas protegidas declaradas vacantes hasta el 31 de diciembre de 2014. En el caso de las VPT y VPP deben estar calificadas provisionalmente, mientras que las VPO deben contar con la calificación definitiva. Además estas viviendas deberán ser residencia habitual y permanente.
En cuanto a rehabilitación, el futuro Informe de Evaluación de Edificios (IEE) debe ser la base sobre la que sustentar las ayudas y su priorización. Se incorpora un nuevo tipo de ayuda para la envolvente del edificio y se establecen nuevos requisitos para recibir ayudas individuales.
El nuevo decreto busca favorecer el alquiler protegido manteniendo las ayudas, pero además pretende ampliar la base de personas objeto de subvención, y establece ayudas para personas afectadas por procesos de desahucio.
Aunque con menores cuantías, Navarra es la única comunidad española que sigue manteniendo las ayudas a la compra. En el caso de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) se sitúan entre el 6 y el 12% según los ingresos, y en las Viviendas de Precio Tasado (VPT), se conservan los porcentajes del 2 al 6% según ingresos. Continúa también el suplemento a la subvención que reciben las familias numerosas con menores ingresos (-3,5 IPREM) que va de un 3% a un 6%.
En lo que se refiere a los promotores de VPO en alquiler, se subvenciona entre el 10 y el 20% sobre el precio de la venta a las promociones destinadas a mayores de 60 años o minusválidos.
En cuanto a las subvenciones al arrendamiento, éstas se sitúan entre el 25 y el 75% de la renta mensual, según los ingresos.
Además, se amplían las ayudas a los inquilinos de viviendas protegidas promovidas para la venta, pero que transitoriamente se destinan a alquiler; se prolonga la subvención a las promociones con calificación vencida que permanezcan en alquiler; se flexibiliza la bolsa de alquiler estableciendo un plazo mínimo de desocupación; se conceden subvenciones a inquilinos que permanezcan en alquiler después de una dación en pago, y se da un primer paso para regular el Fondo Social de Vivienda de Navarra.
