El Grupo Parlamentario Socialista ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley de medidas de flexibilización y fomento del alquiler de viviendas que elimina las ayudas a la compra y rehabilitación de vivienda protegida.
La portavoz de Vivienda, Leire Iglesias, ha dicho que la Ley hoy recurre el Grupo Socialista " una vez más recorta derechos reconocidos por gobiernos anteriores en los de planes de vivienda" y ha criticado que se trata de una medida que podría afectar a cerca de 300.000 ciudadanos en toda España, de nuevo aquellos con menos poder adquisitivo. "Muchos de ellos verán incrementada su cuota hipotecaria hasta en 400 euros más al mes".
El Grupo Parlamentario Socialista recuerda que el artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y dispone la obligación de los poderes públicos de actuar para dar contenido material a este mandato promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
Recuerda, con este fin, que las normas que regulan las viviendas protegidas han establecido ayudas públicas que se han mantenido a lo largo del tiempo, entre las que se encuentra la subsidiación de préstamos cualificados, consistente en el abono, por el Ministerio de Fomento, de un porcentaje de las cuotas de amortización del préstamo al que se refiere la ayuda, siempre que el adquirente cumpla unos determinados niveles de ingresos económicos familiares máximos.
Las ayudas se conceden por un período total de entre 15, 10 o 5 años, según lo previsto en la normativa del Plan de Vivienda que le sea de aplicación, y se instrumentan por un período inicial de 5 años, renovable durante otro período de igual duración hasta cumplir el período total reconocido de origen y por la cuantía que corresponda.
Con la disposición que hoy se recurre, el Gobierno eliminó las renovaciones o prórrogas de estas ayudas, incluso de aquellas que habían sido ya concedidas, sin respetar las situaciones jurídicas consolidadas con las anteriores regulaciones.
Afirma el Grupo Parlamentario Socialista que el mantenimiento de las situaciones jurídicas consolidadas es un principio constitucional que debe ser respetado, especialmente necesario cuando afecta a un derecho constitucionalmente reconocido. Y la desaparición de las prórrogas o renovaciones de la subsidiación, deja a los afectados en una situación de inseguridad jurídica que lesiona de forma irreversible e irreparable sus derechos individuales y supone una retroactividad en una norma restrictiva de derechos que el texto constitucional, y en concreto el artículo 9.3, no permite, añade.
Además, el recurso del Grupo Parlamentario Socialista recuerda que la disposición recurrida fue introducida mediante una enmienda del Grupo Popular en el Senado en un proyecto de ley que no tenía por objeto la regulación de las viviendas de protección oficial ni las ayudas para su adquisición, lo que vulnera también la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho de enmienda.
De nuevo el Grupo Socialista, de la mano de las plataformas y coordinadoras de afectados, recurre una Ley que deja sin protección a quienes han accedido a la vivienda a través de créditos hipotecarios. "Haciendo que sea la acción del Gobierno, y no la crisis, la que empuje a muchos ciudadanos a una situación de insolvencia y les condene a la pérdida de la vivienda”, ha destacado la portavoz de Vivienda.
