El Gobierno de Aragón continúa adelante con el desarrollo de la Red de Bolsas de Viviendas para el Alquiler Social. Así, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado la orden por la que se abre el proceso para presentar las solicitudes de quienes quieran ser beneficiarios de esta iniciativa con la que se busca proporcionar viviendas a bajo coste a colectivos que se encuentran en dificultades de acceso al mercado de vivienda, libre o protegida, mediante contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.
La directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Belén Corcoy ha explicado que los requisitos principales para ser beneficiarios “son estar empadronados en algunos de los municipios de la comunidad autónoma de Aragón , percibir ingresos anuales no superiores a 1, 5 veces el IPREM, y por supuesto tener necesidad de vivienda, es decir no disponer del uso y disfrute de otra vivienda por causa que no sea imputable al propio solicitante”, ha indicado.
Las solicitudes, según el modelo oficial que incluye esta orden, deben dirigirse a las Subdirecciones Provinciales de Vivienda de Zaragoza, Huesca y Teruel. De esta forma en la orden tal y como ha señalado la directora Belén Corcoy se especifica que pueden acceder a estas viviendas las personas individuales o unidades de convivencia que cumplan los siguientes requisitos: alguno de los miembros de la unidad de convivencia debe estar empadronado en algún municipio de Aragón y percibir unos ingresos anuales por la unidad de convivencia no superiores a la cantidad de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
No obstante, cabe señalar que por orden del consejero competente en materia de vivienda podrá modificarse el nivel máximo de IPREM exigido en atención al contexto social y económico existente. Y por último, tener necesidad de vivienda y no disponer del uso y disfrute de otra vivienda por causa no imputable a los mismos o a sus familiares de primer grado.
También para ser beneficiario deben encontrarse en alguna de las siguientes condiciones:
a) Afectados por situaciones catastróficas o emergencias.
b) Afectados por desahucios.
c) Unidad de convivencia en la que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones por desempleo.
d) Unidad de convivencia en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
e)Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
f)Unidad de convivencia en la que exista una víctima de violencia de género reconocida por sentencia judicial firme o en su defecto, orden de protección o medida cautelar de protección.
g) Unidad familiar de convivencia de la que forme parte un menor de tres años.
h) Personas mayores de 65 años, sin familiares de primer grado que residan en su municipio.
i )Unidad familiar de convivencia monoparental con dos hijos a cargo.
Asimismo, la renta máxima a abonar por el arrendatario será de 3 €/m2 útil con un límite máximo mensual de 300 euros por vivienda, que se reducirá en función de la superficie y condiciones de la misma y que en cualquier caso no superará el 40% de los ingresos de las personas que convivan con el beneficiario de la vivienda social.
La directora general de Vivienda y Rehabilitación, Belén Corcoy ha indicado que las solicitudes “deben dirigirse a las subdirecciones provinciales de vivienda en horario de 9 a 2 y, asimismo, pueden obtener la información que necesiten en el teléfono de atención gratuito 900122132”.
Mientras continúa abierto el proceso para quienes quieran ceder viviendas para esta iniciativa. La Red se va a conformar con las viviendas que aporten particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, junto a las que aporten las administraciones públicas, así como aquellas entidades financieras de crédito y entidades sociales no lucrativas que decidan colaborar con la misma. Hasta el momento se cuenta con una aportación de más de 270 viviendas.
Cabe destacar que la cesión se puede realizar a título oneroso o gratuito. En las aportaciones a título oneroso, el propietario debe especificar la propuesta de renta a la que se quiere alquilar la vivienda, siendo la cuantía máxima a abonar al cedente de 4 euros/m2 de superficie útil, con un límite máximo mensual de 400 euros/m2. Esta renta de alquiler dependerá de las características de la vivienda y de la capacidad económica de quienes resulten beneficiarios de las viviendas.
Una medida, la creación y desarrollo de esta Red de Bolsas de Vivienda de Alquiler Social para la que el Gobierno de Aragón ha aprobado un gasto plurianual de 4 millones de euros con la finalidad de atender las necesidades en materia de vivienda.