La oficina contra los desahucios de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Huelva ha evitado 200 desalojos de familias en sus primeros ocho meses de funcionamiento. Así lo ha anunciado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, durante la firma del convenio de adhesión del Ayuntamiento de Punta Umbría al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, del que forman parte las oficinas provinciales contra los desahucios.
En total, son ya nueve los municipios onubenses adheridos al programa, que ofrece servicios de prevención, cuando el solicitante aún no ha entrado en mora pero quiere asesoramiento; intermediación ante la entidad financiera, cuando existe ya morosidad con la entidad financiera y riesgo de desahucio; y protección, una vez hay fijada una orden de lanzamiento o éste ya se ha producido.
Los municipios son Trigueros, Villablanca, Lepe, Zalamea la Real, Moguer, Cortegana, Nerva, Isla Cristina y Punta Umbría. A éstos se suma la Diputación de Huelva. En toda Andalucía hay 215 municipios integrantes de este "bloque institucional contra los desahucios", en palabras de Elena Cortés, que ha suscrito el acuerdo de adhesión de Punta Umbría junto a su alcalde, Gonzalo Rodríguez.
"Este programa ha supuesto una ruptura de la neutralidad institucional entre las víctimas de la crisis y las entidades financieras a favor de las familias", ha señalado Cortés. Las 200 personas cuyos desahucios han sido evitados solicitaron a la oficina los servicios de intermediación y negociación para alcanzar una solución recurriendo a diversas vías como la negociación de la dación en pago y el alquiler social, la modificación de las condiciones del préstamo hipotecario o la intermediación ante juzgados para la suspensión de la subasta o del lanzamiento, entre otras. Todas estas familias se encuentran ya en situación de mora con la entidad financiera, por lo que existe riesgo de desahucio. "En todos los casos estas familias permanecen en sus viviendas", ha señalado Cortés.
En la fase más temprana, en el ámbito de la prevención, tan sólo una familia ha acudido a la oficina. Cortés ha animado a las familias con problemas a acudir "lo antes posible, porque cuanto antes se coge el problema, mejor".
En prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios según la normativa o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar.
Otras 21 familias se han dirigido a la oficina de Huelva para solicitar protección. En estos casos, la mediación de la Junta abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar o suspender los desalojos hasta pedir a los servicios sociales de los ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional.
Cortés ha subrayado que Punta Umbría es "el primer ayuntamiento en sumarse tras la suspensión del Decreto Ley para Asegurar la Función de la Vivienda por el recurso del Gobierno ante el Constitucional". "La Consejería de Fomento y Vivienda no baja los brazos y continúa luchando para evitar desahucios", ha afirmado Cortés.
La consejera ha explicado que El Decreto Ley "no solamente evitaba desahucios mediante la expropiación temporal del uso, a la que se habían acogido 18 familias en riesgo de exclusión social en tres meses, dos de ellas en Huelva". "Tampoco", ha añadido, "se limitaba a ofrecer una expectativa razonable de acogerse a la medida de cientos de personas más en sólo tres meses".
"El Decreto Ley es mucho más. Es una norma que evitaba desahucios cada día, porque afectaba a todos los desahucios, ya que ante la perspectiva de quedarse con una vivienda vacía expropiable o sancionable, la entidad financiera se lo pensaba más antes de echar a nadie", ha señalado Cortés. La consejera ha insistido en su solicitud a las entidades de una moratoria hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si levanta o no la suspensión cautelar hasta que haya una sentencia.
