El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el decreto que modifica la normativa de vivienda protegida en la región que, entre otros cambios importantes, amplía el acceso a las viviendas en régimen de arrendamiento con opción a compra del Plan Joven a mayores de 35 años. Estos nuevos beneficiarios podrán optar a las viviendas disponibles a partir de la semana que viene, una vez que entre en vigor el Decreto tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, según explicó el portavoz del Gobierno, Salvador Victoria.
Los cambios aprobados han sido diseñados para flexibilizar el acceso a la vivienda protegida en la región en un momento de crisis económica en el que el perfil de personas y familias con dificultades de acceso a la vivienda se ha ampliado. De este modo, la nueva normativa permitirá acceder a una vivienda protegida a colectivos que antes no podían beneficiarse de esta ayuda, reducir la renta en función de las necesidades de cada adjudicatario, fomentar el mercado del alquiler, dar salida al stock de viviendas disponibles y dinamizar un sector económico clave como es el de la construcción.
Una de las principales novedades es la eliminación del límite de edad para poder optar a las viviendas del Plan Joven, de forma que los mayores de 35 años también podrán beneficiarse de sus condiciones ventajosas si cumplen el resto de requisitos, como no exceder 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Con este cambio, la Comunidad de Madrid permite acceder a una vivienda a aquellas personas que tienen ingresos pero no pueden hacer frente al pago de un precio de mercado, un problema que antes afectaba sobre todo a los jóvenes si bien en la actualidad se ha extendido a otros grupos de edad.
Estas viviendas tienen un precio de alquiler más bajo que el de mercado y además, los arrendatarios pueden optar a comprarlas, recuperando un 50% del precio de renta ya pagado. En este punto el cambio de normativa también incluye una importante novedad, porque hasta ahora el plazo a partir del cual podían ejercer el derecho a compra era de entre cinco y siete años, y ahora podrán hacerlo a partir del primer año. Además, también está previsto reducir el plazo mínimo de arrendamiento a seis meses, lo que contribuirá a flexibilizar el mercado del alquiler.
Por otro lado, la modificación del reglamento de vivienda protegida también amplía la superficie máxima de estas viviendas, que pasa de 70 a 80 metros cuadrados. Otra de las novedades es la posibilidad de cambiar el régimen de uso de las viviendas, que podrán ofrecerse para venta, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra según las necesidades que presente cada caso concreto.
Esta medida permitirá adaptar la oferta a la demanda de cada momento y así dinamizar el mercado, evitando que se queden viviendas vacías porque no se adapten a las necesidades de quienes se interesen por ellas. Así, por ejemplo, los promotores de viviendas protegidas en alquiler con opción a compra podrán cambiar el régimen al de alquiler social, con rentas algo más reducidas, si esta opción se adapta mejor a los posibles inquilinos y cumplen los requisitos.
Otros cambios relevantes persiguen adaptar la normativa a las necesidades especiales de determinados colectivos. Uno de ellos es el de las familias numerosas, a quienes gracias a la nueva normativa podrá adjudicárseles más de una vivienda si pueden unirse en una sola.
Asimismo, la Comunidad permitirá reducir el precio del alquiler a los separados o divorciados que, siendo propietarios de una vivienda, no puedan residir en ella porque en la sentencia no les haya sido atribuido el disfrute. Con esta medida se da respuesta al problema que actualmente afecta a muchas personas que necesitan una ayuda para poder hacer frente al pago de su vivienda habitual, pero que hasta ahora no podían solicitarla por ser disponer ya de un bien inmueble.
