La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, ha anunciado que el Ejecutivo regional ya ha entregado un total de 190 viviendas de alquiler social en 32 municipios, siendo 57 a familias afectadas por ejecución hipotecaria.
Bonig ha mostrado su satisfacción ante el funcionamiento del Programa Extraordinario de Alquiler de Interés Social impulsado por la Generalitat y cuyo objetivo es atender a las necesidades de las familias que han perdido su vivienda habitual como consecuencia de un desahucio hipotecario u otras causas excepcionales.
Así lo ha declarado tras la firma del convenio de colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Sax que pone así en marcha el Programa Extraordinario de Interés de Alquiler Social en este municipio, mediante el cual ocho familias han recibido hoy viviendas del parque público de la Generalitat en esta localidad, dos de ellas afectadas por una ejecución hipotecaria.
"Semana tras semana crece el número de familias que se benefician de este programa, los ayuntamientos que se interesan en él y que ya ascienden a 70 y puedo asegurar el esfuerzo constante que desde la Generalitat estamos realizando para dar soluciones reales a los problemas de vivienda que sufren muchos ciudadanos", ha declarado.
De las viviendas de promoción pública disponibles para el Programa Extraordinario de Interés de Alquiler Social, 190 ya están entregadas y otras 82 están preparadas para recibir a sus nuevos inquilinos. Del mismo modo, durante este año se licitarán las obras de rehabilitación de 197 viviendas y se está valorando la intervención de otras 156 para su posterior reforma.
Prueba de ese esfuerzo es la nueva convocatoria de ayudas en materia de vivienda de la Generalitat que destina un millón de euros a familias de especial vulnerabilidad. Según ha explicado la consellera, el objetivo es "priorizar el pago de las ayudas" a las personas que cumplan las condiciones que se establecen en las bases para facilitarles el alquiler y adquisición de viviendas protegidas.
Entre los supuestos de especial vulnerabilidad se incluyen los siguientes casos: contar con una notificación a su favor de la Conselleria de una resolución de concesión de ayudas; no disponer ningún miembro de la familia solicitante de una vivienda; que la unidad familiar sea considerada de especial vulnerabilidad (familia numerosa, monoparental, con un menor de tres años, embarazadas, personas objeto de medidas de realojo, con mayores de 65 años, con una persona con discapacidad, familia en la que el deudor hipotecario esté desempleado, que haya una víctima de violencia doméstica, etc).
Además de los supuestos de especial vulnerabilidad, deberán concurrir las circuntancias económicas siguientes: que el conjunto de los ingresos de la familia no supere el límite de 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) anual; que en los cuatro años anteriores a la solicitud, la familia haya sufrido una alteración significativa de su economía; que la cuota hipotecaria, en el caso de ser beneficiario de ayudas a la compra, resulte superior al 50% de los ingresos netos de la familia.
Por otra parte, Bonig también ha recordado que la pasada semana la Generalitat pagó la práctica totalidad de los 3,6 millones de euros de los presupuestos destinados a los llamados anticipos bancarios. Así, se abonan a los bancos las cantidades que anticiparon por la concesión de una ayuda a la vivienda y se evita que los ciudadanos tengan que asumir esta deuda.
Del mismo modo, el Consell también establecía el semana pasada una tercera vía de pago genérico de ayudas a la vivienda que establece el pago de 300.000 euros mensuales de aquí a final de año, que se irán abonando por orden de antigüedad.
La consellera ha resaltado que la Plataforma de Afectados a Ayudas a la Vivienda está informada de todas estas medidas y, a pesar de que se les ha convocado a una reunión con el director general de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda, Vicente Dómine, la plataforma ha retrasado el encuentro.
