El próximo jueves pasará a mejor vida la futura vivienda protegida, tal y como los promotores inmobiliarios pretendían. Una nueva modificación a la Ley de Suelo estatal, a través de una enmienda introducida por el Grupo Popular al proyecto de ley de Rehabilitación, contempla vaciar de contenido el criterio legal de que se reserve el 30% de la edificabilidad residencial en cada desarrollo urbanístico para garantizar el acceso a las familias con menores ingresos.
Como por culpa de la crisis las diferencias de precio entre libre y protegida se han acortado, e incluso, de manera puntual y para algunas tipologías, resultaba hasta superior, la enmienda promovida por el Grupo Popular evitará tener que hacer esa reserva durante al menos los próximos cuatro años. A partir de 2017 ya se verá.
No se trata de una medida generalizada. En el territorio donde se aplique deberá existir un porcentaje de viviendas protegidas, terminadas y sin vender, superior al 15% de los pisos protegidos previstos, así como una evidente desproporción entre la reserva legalmente exigible y la demanda real con posibilidad de acceder a dichas viviendas. También será imprescindible que los instrumentos de ordenación no hayan sido aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor de esta norma o no cuenten aún con la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación.
La enmienda se introduce como respuesta a un planteamiento, el de por qué reservar suelo para seguir construyendo viviendas protegidas si no hay demanda suficiente siquiera para esta clase de pisos y, además en algunas zonas, son más caras que las viviendas libres. Y no hay demanda porque, aun en el caso de que estas casas resulten más baratas, tampoco existe para ellas la financiación necesaria para su promoción.
Otro argumento que sustenta esta supresión de la reserva de suelo es que el nuevo plan cuatrienal elimina todas las ayudas públicas a la promoción de VPO, por lo que hubiera sido un contrasentido mantener esa obligatoriedad.
La enmienda presentada surge para satisfacer a los promotores, que hace unos días habían reclamado esta medida como una de las acciones que contribuiría a sacar al mercado el ingente ‘stock’ de pisos terminados que existen. Recordaban que eliminando esas rigideces legales existentes se podrán localizar áreas donde hay potencial de demanda de obra nueva que no se ha construido todavía porque el suelo estaba reservado a vivienda protegida.
