Mérida. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un decreto por el que se establecen medidas que contribuyen a aliviar la situación de las familias más desfavorecidas por los efectos de la crisis económica y que sean arrendatarias de viviendas de promoción pública.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno regional, Cristina Teniente, ha señalado que el decreto regula un procedimiento para la minoración de las cuotas a cero (supresión) por un periodo máximo de dos años a esas familias.
En este sentido, la vicepresidenta señaló que con este decreto se ha pretendido reconocer “el esfuerzo que aquellas unidades familiares realizan a pesar de sus dificultades económicas porque han sabido valorar la vivienda que ocupan en régimen de alquiler como prioritario para su proyecto familiar”.
Asimismo, manifestó la vicepresidenta, el decreto establece los requisitos para que estas familias puedan acogerse a la medida, el primero de los cuales será que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y el esfuerzo que represente el pago del importe de la renta, sobre la renta de la unidad familiar, se haya multiplicado por al menos 1,5.
Por otra parte, el decreto incorpora la potestad de elección por parte de los ayuntamientos del sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, independientemente de la ubicación de las mismas (sorteo o baremación), añadió la portavoz del Ejecutivo.
