Sevilla. La consejera de Fomento y Vivienda de Andalucía, Elena Cortés, ha reclamado al Gobierno central que sean las comunidades autónomas las responsables de gestionar y asignar los inmuebles que integran el llamado Fondo Social de Viviendas que, según el Ejecutivo central, será destinado a realojar a través de un alquiler social a familias desahuciadas especialmente vulnerables. Este fondo se constituyó el pasado 17 de enero tras la firma de un convenio entre la banca y los ministerios de Fomento; Economía y Competitividad; y Sanidad y Servicios Sociales.
"El Gobierno andaluz ha sido pionero en la lucha contra los desahucios, con la apertura el pasado mes de octubre de oficinas de prevención, intermediación y protección en el marco del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Es urgente que, en virtud de la necesaria colaboración entre instituciones, los inmuebles del Fondo Social sean cedidos a la Consejería para que les dé uso en el marco de dicho programa", ha afirmado Cortés.
La reclamación de la cesión se incluye en una carta que Elena Cortés ha dirigido a la ministra de Fomento, Ana Pastor. "El convenio para la creación del Fondo Social de Viviendas, que cuenta con el respaldo de varios ministerios, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Banco de España y numerosas entidades financieras, sorprendentemente no ha tenido la participación de las comunidades, a las que el artículo 148.1.3 de la Constitución atribuye las competencias en materia de vivienda", señala la misiva.
La titular de Fomento y Vivienda reclama en dicha carta más información sobre las características de este parque residencial ubicado en la comunidad y puesto a disposición del Fondo por las entidades financieras, con el fin de que la Junta de Andalucía pueda ofrecerlo con un alquiler social a través de las oficinas contra los desahucios que prestan su servicio en las ocho provincias andaluzas. Entre los datos que solicita la consejera se incluyen la localización geográfica, la dirección, la superficie o la referencia catastral.
"El objetivo es que estas oficinas, puestas en marcha a través del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, puedan prestar el mejor servicio a los ciudadanos que, como consecuencia de la crisis económica, no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas y ya han sufrido la trágica experiencia de un desahucio", precisa en la carta la consejera, quien añade que "únicamente aunando el esfuerzo de todos los sectores implicados puede abordarse un problema de tanta trascendencia ciudadana como el que tratamos, por lo que confiamos en que sean atendidas nuestras reivindicaciones".
La consejera ha recordado que el departamento de Fomento y Vivienda ha abierto un proceso de diálogo con ayuntamientos y diputaciones para que se adhieran mediante convenios al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. "Además del bloque social, para el que son imprescindibles los colectivos que llevan años luchando contra los desahucios, estamos conformado un bloque político en defensa del derecho a la vivienda. En este contexto crítico, las administraciones deben estar a la altura de las demandas urgentes de una ciudadanía necesitada de cambios", ha afirmado Cortés.
