Madrid. Se veía venir una vez acaecida la crisis inmobiliaria, que los pisos protegidos estaban abocados a su extinción, y el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda (Pitvi), lo viene a certificar.
Si las viviendas que hay no se venden, si los adjudicatarios renuncian a su derecho y si las entidades financieras han decidido no aportar ni un euro ni para estas ni para otras promociones, estaba claro cuál sería el final para las viviendas protegidas en venta. Su final por no haber ni oferta ni demanda solvente que la solicite.
La medida, la de cortar de plano las ayudas estatales, puede no ser seguida por las Comunidades Autónomas, que podrían sufragar la construcción de estas viviendas, ya solo por su propia cuenta. Pero, a la vista, de cómo están las arcas autonómicas, casi todas a dos velas y con necesidad de recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para obtener fondos con los que afrontar vencimientos de deuda y pagos de primera necesidad, se antoja harto improbable que destinen un euro a este fin.
El corte para determinar hasta cuándo se subvenciona con ayudas estatales una promoción de vivienda protegida se pondrá en si ha recibido o no la calificación provisional.
La fecha clave, el próximo 31 de diciembre. Quedan pues algo más de dos meses para que los promotores que tengan la intención de acometer algún proyecto presenten la calificación para obtenerla antes de esa fecha. Los que ya tengan esta certificación en su poder mantendrán las ayudas estatales aunque todavía no hayan iniciado la obra de edificación.
No obstante, como es lógico el Estado, a través del Ministerio de Fomento, tendrá que seguir haciendo frente a las ayudas en esta materia comprometidas en ejercicios anteriores. Y el coste no es precisamente pequeño para los tiempos que corren. Hablamos de algo más de 5.000 millones hasta casi el final de la presente década, repartidos en anualidades de unos 850 millones de euros correspondiente a la subsidiación de préstamos convenidos y también, conviene recordarlo, a la ya recortada renta básica de emancipación, la ayuda que se paga a los jóvenes para vivir en alquiler.
