Valladolid. El Boletín Oficial de Castilla y León publica el inicio del periodo de información pública del Proyecto de Decreto que unifica en un mismo texto normativo el registro de demandantes y los procedimientos de selección de adquirentes y arrendatarios de vivienda protegida en Castilla y León. Durante 30 días, administraciones y particulares podrán presentar las alegaciones que consideren y estimen oportunas.
Con el fin de mejorar y dar mayor agilidad tanto a las inscripciones como a los procedimientos de selección, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha estimado necesario unificar en un único texto normativo el registro de demandantes de vivienda protegida y los procesos de selección de adquirentes y arrendatarios de vivienda protegida.
La inscripción en el registro de demandantes es obligatoria y de carácter gratuito para que todas aquellas personas físicas o unidades familiares puedan acceder a una vivienda protegida. En la solicitud se indicará el régimen de acceso a una vivienda protegida-en propiedad o en alquiler- así como el ámbito territorial debiendo señalar como máximo tres municipios.
Solo se admitirá una solicitud por cada demandante de vivienda. Las solicitudes se podrán presentar a través de la página web tramitacastillayleon.jcyl.es, en cualquiera de los servicios de información y atención al ciudadano de la Junta de Castilla y León, por telefax y por Internet.
Para inscribirse en el registro se deben de cumplir los siguientes requisitos: tener unos ingresos familiares máximos que no excedan 6,5 veces el Salario Mínimo y no ser titular de vivienda protegida o libre, entre otros requisitos que fijen los planes nacionales y autonómicos.
Los procedimientos de selección de adquirentes y arrendatarios de vivienda protegida, bajo los criterios de igualdad, concurrencia y publicidad, se iniciarán mediante convocatoria pública y se realizará mediante sorteo de las personas inscritas en el Registro de demandantes.
El Proyecto de Decreto detalla requisitos dependiendo del tipo de vivienda y del régimen -propiedad o arrendamiento-, proceso de selección y trámites administrativos entre otras cuestiones.
En definitiva, con este nuevo marco normativo se pretende mejorar la atención al ciudadano simplificando y unificando en un único texto normativo dos regulaciones ya existentes, el registro de demandantes y los procesos de selección.
