Madrid. Se solía decir que, en tiempos de crisis, la vivienda protegida estaba llamada a convertirse en refugio para que los promotores inmobiliarios tuvieran un resquicio con el que mantener unos niveles sostenibles de actividad productiva, aunque fuera, lógicamente, con unos márgenes de beneficios mucho más cortos que al promover vivienda libre. Pero lo cierto es que, con los datos en la mano, ni una cosa ni otra se han cumplido.
No se ha construido más, como lo demuestra el hecho de que en el presente ejercicio vayan a ser menos de 30.000 los visados que se concedan para construir otras tantas viviendas protegidas, el 40% de las que se construían en 2007, el último ejercicio antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Y no lo han hecho por varios motivos. Porque no hay financiación ni para promotores ni para los potenciales compradores, y además los módulos siguen estando tan altos que, en algunos casos, prácticamente se equiparan con los precios de la vivienda libre.
Y los pocos alicientes que había están desapareciendo poco a poco. En primer lugar está esa medida que afecta a todos los compradores de vivienda habitual, sea o no protegida, como es la desaparición por compra en el IRPF si la entrega de llaves es posterior al 31 de diciembre de 2013.
Luego está el tema del IVA, que sí mantiene al 4% para la vivienda protegida de régimen especial y la promovida por ayuntamientos y comunidades, pero hablamos, en estos casos, de una producción residual y dirigida a familias con unos ingresos mínimos, más encaminadas al alquiler que a la compra.
El resto de la vivienda protegida pasará a tributar del 4% actual al 10% como la vivienda libre y, por tanto se incluye, la de régimen general y la de precio concertado. En el caso de un piso de protección acogida al régimen general con un precio de 150.000 euros, esto supone a una familia tipo pagar 9.000 euros más de golpe y porrazo. Inasumible para una gran mayoría de estos núcleos familiares con ingresos que ronden los 20.000 euros anuales.
También desaparece la bonificación estatal para un importe de la cuota mensual que va de 60 a 100 euros por cada 10.000 de préstamo. Este concepto, aunque es muy restrictivo, ha supuesto más de 1.298 millones de euros en los últimos cinco años.
