Andalucía. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha dado luz verde a 648 ayuntamientos andaluces para la creación de los registros municipales de demandantes de VPO. Además, hay otros 73 consistorios que se sumarán próximamente una vez que adapten sus ordenanzas a los requisitos exigidos por la Junta.
Son ya 721 los municipios andaluces los que han presentado sus ordenanzas para adherirse a esta iniciativa. Para su implantación, los Consistorios han recibido 3,6 millones de euros en ayudas y ofreciendo formación a los técnicos municipales sobre la gestión y manejo de la aplicación.
Actualmente, cerca del 70% de la población andaluza reside en municipios donde es posible inscribirse en este tipo de registros, puesto que los 179 ayuntamientos donde habitan tienen operativa ya esta herramienta informática. Por provincias, en Almería ya está en marcha este sistema en 67 municipios; en Cádiz, 32; en Córdoba, 46; en Granada 64; y en Huelva, 45. Por su parte, en Jaén, cuentan con la validación 49 localidades, en Málaga, 34; y en Sevilla, con 62.
Estos registros constituyen un sistema de gestión clave, para la aplicación efectiva de la Ley del Derecho a la Vivienda aprobada en 2010 por el Gobierno andaluz, ya que determinará la demanda exacta de vivienda protegida existente en Andalucía. Estos registros permitirán también a la Administración autonómica conocer el perfil y el número de los demandantes y las características y tipologías de viviendas que se necesitan.
Los ayuntamientos tienen la posibilidad de gestionar y manejar los tres niveles de uso con los que cuenta el programa de estos registros, después de que la Junta haya puesto a disposición de los técnicos municipales la última fase de la aplicación informática.
Estos registros permiten cruzar datos de distintas administraciones (el Ministerio del Interior, Hacienda, el Catastro, etc.) para comprobar que el aspirante a tener una VPO cumple efectivamente los requisitos. De igual modo, permite la tramitación telemática de las solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos, indicándoles si tienen que renovar su inscripción –que tiene una validez de tres años prorrogables– o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.
