Madrid. El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un Real Decreto Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que resulta esencial en el proceso de reformas que está llevando a cabo el Gobierno, según ha declarado la vicepresidenta.
Soraya Sáenz de Santamaría ha destacado que con esta norma "hoy se culmina una reforma de primer orden" porque el saneamiento del sector financiero es imprescindible para recuperar la financiación y el crédito para familias y empresas.
Además, la reestructuración tiene como objeto conseguir dinamizar el mercado inmobiliario para sacar a la venta el stock de viviendas y locales que siguen en manos de las entidades de crédito para que puedan venderse a precios razonables. Impulsar ese sector, según la vicepresidenta, "supondría un elemento importante de dinamización de la economía y generación de empleo".
Con este Real Decreto Ley, el Gobierno cumple los compromisos acordados dentro del programa de asistencia financiera a España para la recapitalización del sector bancario, acordado por el Eurogrupo el pasado 20 de julio y recogido en el Memorando de Entendimiento. "Cumplimos nuestros compromisos europeos y se hace en tiempo y forma", ha manifestado Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta ha añadido que la reestructuración del sistema financiero "no costará un euro al contribuyente" ya que aprovechará la ayuda de la Unión para solventarse sin coste.
Medidas fundamentales
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado que los principios generales de la norma son actuar preventivamente; minimizar el coste para los contribuyentes; garantizar que tenemos un sistema bancario saneado y solvente, fundamental para la seguridad de los ahorradores y la recuperación del crédito, y poner a disposición del entramado económico unas entidades que generen confianza.
De Guindos ha detallado las medidas incluidas en la norma, en cuya elaboración han colaborado el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Banco Monetario Internacional.
Entidades con problemas
La norma establece tres niveles de gestión, según ha explicado el ministro. El primero supone medidas de actuación temprana para las entidades que son viables pero tienen dificultades leves, por lo que pueden requerir una ayuda excepcional y transitoria en un horizonte máximo de dos años.
El segundo nivel sería la actuación de reestructuración, que está prevista para las entidades que son viables pero que necesitan recursos para un plazo máximo de cinco años con una prórroga de dos mas.
El tercer nivel supone la resolución ordenada de entidades. A diferencia de la reestructuración, que se aplicaría a entidades viables que pueden devolver por sí misma las ayudas recibidas, la resolución es para aquellas que no lo pueden hacer en un plazo razonable e incumplan los requisitos de solvencia.
En caso de resolución se contempla la venta del negocio de la entidad, la transmisión de los activos y pasivos de mayor calidad a un "banco puente" y los de peor calidad se llevarían a una entidad de gestión.
Sociedad de gestión de activos
Luis de Guindos ha explicado que se trata de un entidad que compra los activos dañados de los bancos a fin de que estos se quedan en una situación de mayor solvencia, con un balance saneado y se centren en su actividad lógica: gestionar el ahorro de los depositantes y dar créditos. El "mal denominado banco malo" adquiere los activos, los gestiona con un horizonte temporal de entre 10 y 15 años y luego los vende.
El ministro ha anunciado que tiene que estar en vigor a finales de noviembre o principios de diciembre. El Real Decreto Ley otorga al FROB la capacidad de obligar a los bancos que reciben ayudas públicas a transferir los activos al 'banco malo'.
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