La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado prorrogar por seis meses, hasta el próximo 31 de diciembre, el plan de urgencia adoptado para hacer frente a las demandas de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, consistente en la especialización en esta materia de un Juzgado por provincia -y uno en cada una de las principales islas de los dos archipiélagos-.
Los asuntos de los que conocen estos Juzgados se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
El plan de urgencia, que tiene como objetivo dar una mejor respuesta a este tipo de litigiosidad ofreciendo soluciones que doten al sistema civil de seguridad jurídica, fue aprobado el 25 de mayo de 2017 y entró en funcionamiento el 1 de junio siguiente por un periodo inicial de siete meses, atribuyendo a los Juzgados especializados competencia exclusiva y no excluyente para conocer de la materia.
El 28 de diciembre de 2017, la Comisión Permanente adoptó un nuevo plan que permitiera, manteniendo la atribución de la competencia exclusiva a determinados Juzgados, establecer en su caso también la excluyente en aquellas provincias en las que el impacto del reparto de los demás asuntos entre los órganos jurisdiccionales del orden civil así lo posibilitara, en aras de una mayor eficacia en la resolución del conjunto de los asuntos civiles.
A falta de pocos días para la fecha de finalización, el próximo 30 de junio, de este segundo plan, se ha constatado que el número de asuntos resueltos por los Juzgados especializados en el primer trimestre de 2018 respecto al último de 2017 se ha incrementado en un 60,5 por ciento, mientras que la cifra de asuntos ingresados ha disminuido en un 25,6 por ciento.
No obstante, la Comisión Permanente considera que la bolsa de asuntos pendientes -178.802 a 31 de marzo- hace conveniente el mantenimiento de las medidas acordadas, teniendo en cuenta además que la especialización de Juzgados a nivel provincial está teniendo como consecuencia la unificación de los criterios de decisión y la predecibilidad de la respuesta judicial -el 97,6 por ciento de las sentencias dictadas hasta la fecha han sido favorables al cliente-, lo que a su vez tiende a evitar el litigio mediante acuerdos extrajudiciales entre las entidades bancarias y los consumidores.
Por ello, la Permanente ha acordado renovar las medidas adoptadas el pasado 28 de diciembre y prorrogar su vigencia durante seis meses, con las siguientes novedades:
– En las provincias de Almería, Huelva, Sevilla y Bizkaia, la competencia en materia de cláusulas abusivas pasa a corresponder a las nuevas unidades judiciales cuya fecha de entrada en funcionamiento se prevé en la orden ministerial JUS/1277/2017, de 22 de diciembre.
– En las provincias de Badajoz y de Cáceres, la competencia de los Juzgados especializados será excluyente en materia civil.
Informe favorable del Ministerio de Justicia
De conformidad con lo previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la adopción por el Consejo General del Poder Judicial de las medidas de atribución de conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos a uno o varios Juzgados del mismo orden jurisdiccional requiere del informe favorable del Ministerio de Justicia.
Este departamento emitió el pasado 20 de junio un informe favorable a la prórroga del plan de urgencia en el que señala que «se puede concluir que «la especialización de Juzgados está consiguiendo cumplir con lo que se pretendía: se ha evitado que más de 250.000 demandas supusiesen una losa para toda la jurisdicción civil, las resoluciones están siendo unívocas y se está ofreciendo a los ciudadanos una respuesta única por parte de la Administración de Justicia».
El CGPJ también ha recabado informes de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia -Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja- y de los Tribunales Superiores de Justicia.
