El frente de ataque puesto en marcha por la Generalitat de Cataluña en políticas sociales de vivienda empieza a dar sus frutos. Y ya son más de 1.400 las viviendas sobre las que, aun siendo propiedad de las entidades financieras, podrían ser objeto del derecho de tanteo y retracto por parte del Ejecutivo catalán.
Un derecho recogido en el Decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes en materia de vivienda aprobado el pasado 17 de marzo y que acaba de ser validado. Con esta norma se pone el foco especialmente en las operaciones de comercialización internacional de grandes paquetes de títulos hipotecarios y de viviendas, procedentes de ejecuciones hipotecarias, en los que viven familias en situación de vulnerabilidad.
De esta manera, el Gobierno catalán podrá intervenir ante posibles dinámicas de especulación inmobiliaria cuando se produzcan transacciones entre entidades financieras y grupos de inversión que puedan estar actuando impunemente y sin transparencia", comprando paquetes de viviendas con residentes en el interior que quedan en situación de gran vulnerabilidad.
El derecho de tanteo y retracto se plantea en las transmisiones de todos los pisos provenientes de ejecuciones hipotecarias con posterioridad a abril de 2008.
Esta medida se aplicará por un plazo de seis años, hasta el 2021, y quedan afectados los 72 municipios con demanda acreditada, priorizando la adquisición por parte de la Administración de viviendas situadas en zonas con elevado riesgo de exclusión social.
La medida implica que en las operaciones de compra de viviendas provenientes de ejecución hipotecaria, la entidad financiera deberá comunicar la venta a la Generalitat, que tendrá preferencia, conjuntamente con los municipios, para comprar el piso por el mismo precio para destinarlos a alquiler social.
Además de aflorar eso primeros 1.404 pisos, que ahora la Generalitat pondrá a disposición de los municipios por si éstos están interesados en adquirirlos, el mismo departamento de Suelo comprará cientos de estas viviendas, dado que ya ha habilitado una partida presupuestaria de 8 millones de euros con este objetivo para el 2015.
Hay que tener presente que los bancos han ofrecido estos pisos a fondos de inversión a precios tan bajos como 5.000 euros en Palafrugell, 6.000 en Tortosa, 10.000 en Lleida, 20.000 euros en Sabadell o poco más de 20.000 euros también en la ciudad de Barcelona. En todos estos pisos vivían familias que han sufrido una ejecución hipotecaria o que los han cedido a los bancos en concepto de dación en pago para saldar sus deudas.
