Solo una cuarta parte de las 120.000 familias que el Gobierno preveía hace dos años que podrían acogerse a la conocida como ley antidesahucios han podido hacerlo.
Los datos que maneja el Gobierno es que el Código de Buenas Prácticas ha permitido 12.000 reestructuraciones de deuda hipotecaria y se han acordado 3.500 daciones en pago. Además, casi 2.000 personas se han beneficiado de un alquiler a precio reducido gracias al Fondo Social de Vivienda y se han suspendido más de 12.000 lanzamientos.
La norma suspende los lanzamientos de las viviendas durante dos años en el caso de los colectivos más vulnerables, modifica el régimen de subastas y limita los intereses de demora.
En cuanto a la dación en pago, sólo se contempla como parte del código de buenas prácticas bancarias que permite entregar la vivienda para sufragar la deuda en casos de especial vulnerabilidad. La norma también impide a los bancos iniciar el proceso hasta que se incurra en el impago de tres mensualidades y ordena la constitución de un fondo social de vivienda en alquiler.
En su tramitación, la ley ha tenido que adaptarse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para que los jueces puedan paralizar un proceso de ejecución hipotecaria en caso de que se constate que el contrato incluye cláusulas abusivas.
Para llegar a ese cálculo de los 120.000 potenciales beneficiarios de esta norma, el Gobierno partió de los más de 17 millones de hogares que había en España, entendiendo que un 45% estaría por debajo de la media de ingresos requerida, de menos de 19.000 euros al año.
De ellos, aproximadamente 445.000 familias cumplían las otras dos condiciones económicas necesarias de forma simultánea, es decir, que pagan una hipoteca que supone más de un 50% de sus ingresos totales y que en los cuatro años anteriores han sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas.
A partir de aquí, aproximadamente un 25% de estas 445.000 familias cumple con alguna de las circunstancias familiares exigidas. De ahí se llega a las 120.000 familias a las que según el Gobierno se les podría aplicar la moratoria de dos años una vez hayan perdido su vivienda.
