Madrid. En opinión de Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com, sobre la propuesta de cambio de la Ley Hipotecaria habría que tener en cuenta algunas consideraciones.
Cada vez son más las voces que, ante el imparable nivel de crecimiento que están alcanzando los desahucios, claman por la reforma de la actual Ley Hipotecaria, desde asociaciones de afectados hasta los propios jueces. Estamos siendo testigos de un drama que genera una situación irregular, en la que el castigo impuesto a los impagos hipotecarios se perfila como una medida coercitiva en los límites de lo razonable. Además, las ejecuciones hipotecarias a particulares han copado, junto con las daciones en pago de los promotores, los balances de las entidades de activos. Este ingente stock ha paralizado la concesión de nuevos créditos, y la medida que se ha puesto en marcha ha sido la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
No se trata de buscar culpables entre las entidades que ofrecieron hipotecas o entre aquellos que las aceptaron y firmaron en su momento, sino de emplear recursos bien meditados que permitan aplicar soluciones efectivas. El reto que en el fondo debe perseguirse es el de arrojar luz sobre una problemática que va más allá de la reactivación del mercado inmobiliario, ya que la proliferación de los desahucios entronca con el escenario de desempleo que vive el país y genera unas graves consecuencias económicas y sociales.
Si se cierra la puerta a una flexibilización de las condiciones tras el impago, se sume al hipotecado en una espiral de gasto difícil de afrontar. Hay que partir de la base de que una persona no de deja de pagar la hipoteca porque quiere, sino porque no puede. Si no se tienen recursos para cumplir con la cuota, es casi imposible que se tengan para liquidar intereses de demora, costes judiciales, etc. La última consecuencia del desahucio es negar a los hipotecados una alternativa digna y una segunda oportunidad.
Por otra parte, según ADICAE, la necesidad de una reforma de la Ley Hipotecaria defendida por el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial supone un paso más en la constatación del alcance social y económico de la crisis hipotecaria española, y permite comprobar cómo el clamor social que reclama medidas y reformas ha alcanzado ya al Gobierno y a la judicatura.
No obstante dos aspectos son precisados al respecto por parte de la Plataforma Hipotecaria de ADICAE (Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros). En primer lugar, no basta con una reforma de la vetusta Ley Hipotecaria, sino que los cambios deben alcanzar necesariamente a todo un conjunto de normas, desde el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta la Ley de Represión de la Usura, pasando por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios o la Ley Concursal, entre otras.
Por otra parte una reforma legislativa de este calado corre el riesgo de llegar tarde para cientos de miles de familias hipotecadas, puesto que su aprobación se demorará en el tiempo dado los trámites que requiere. Por ello la actual constatación generalizada del problema que ADICAE lleva denunciando desde 2007 requiere como medida urgente la aprobación de una moratoria hipotecaria que evite la actual escalada de embargos y desahucios y facilite que los consumidores que se enfrentan a dificultades hipotecarias se beneficien de cualquier futura reforma legal.
La moratoria hipotecaria, única medida inmediata de paralización de una sangría que perjudica a las familias y a las propias entidades, permitiría evitar temporalmente a las familias hipotecadas enfrentarse al procedimiento de ejecución hipotecaria y a la consecuente pérdida de su vivienda.
Técnicamente su aprobación es posible mediante un Real Decreto acordado en el Consejo de Ministros, como el que la Plataforma Hipotecaria de ADICAE trasladó al anterior Gobierno y el que ha hecho llegar ya al Ministro de Economía y el conjunto de Grupos Parlamentarios.
