Málaga. Es una gran noticia que las administraciones públicas, conscientes del enorme impacto social que supone desahuciar a familias empobrecidas y sacudidas por la crisis, haya dado el paso de coordinar acciones de Mediación entre distintas áreas con el propósito de evitar tal desagradable situación a las familias en riesgo de exclusión.
La noticia publicada en elpais.com no deja lugar a dudas. La Generalitat esta tomando medidas a través de su Consejero de interior, Felip Puig, ya que los últimos acontecimientos con policía antidisturbios frente a la Plataforma de afectados por las hipotecas, que cuenta con seguidores por todo el país, ha obligado a las autoridades catalanas a realizar un giro buscando «mediación» para evitar incidentes. Y es que Cataluña es una de las comunidades más afectadas por la conflictividad que están generando los embargos y desahucios.
La violencia genera violencia, y por esta razón la mediación trata de poner freno a situaciones de difícil acuerdo cuando se vulneran derechos fundamentales, a pesar que ultimas sentencias del Tribunal constitucional aclaren que los embargos no vulneran estos derechos y aprovechan para criticar que la cuestión de inconstitucionalidad no puede servir para cuestionar «de modo genérico o abstracto» el actual modelo de ejecución hipotecaria, cuyo diseño es «de la exclusiva competencia» del Gobierno en su calidad de legislador.
Al convertirse en clamor nacional a través de distintos colectivos la solicitud de cambios legislativos que puedan paliar estas desigualdades y enfrentamientos de unos y otros, la practica de la mediación mientras tanto puede ayudar en alguna medida la escalada de malestar ciudadano aunque el problema de fondo no se radique.
Será por tanto Bienestar Social y Territorio y Sostenibilidad las áreas de vivienda de la Generalitat las que elaboraran un plan para afrontar los desahucios (de embargos u otros tipos) que se ejecuten en su comunidad.
Se intensificarán, por tanto, según informaron fuentes de la Generalitat a elpais.com, las labores de mediación. La idea es evitar en la medida de lo posible los desalojos en los casos más complejos, en los que no haya posibilidades de encontrar alojamiento a los afectados. También se tratará de pactar con las entidades alternativas al embargo. Y para los casos en que el desahucio no se pueda evitar, se está trabajando en ampliar la red de pisos sociales para emergencias.
Según fuentes de Territorio, la Generalitat cuenta con vivienda social de alquiler, pero los tramites para las asignaciones son muy largos. En cuanto a las viviendas reservadas para emergencias, ya existen y deberían servir precisamente para evitar que las personas más vulnerables (menores y personas en riesgo de exclusión), se vean en la calle.
Serán necesarios más recursos, más viviendas sociales y obliga a las administraciones a reaccionar y darle soluciones a los necesitados.
Ya se ha comenzado a ganar la primera batalla social, harán falta mas medidas para generar un consenso ciudadano…
Silvia Velasco Navarro, experta en mediación de conflictos inmobiliarios.
