Valencia. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha iniciado un programa de amortización anticipada de 293 viviendas públicas con el objetivo de favorecer el arraigo de las familias que llevan años residiendo en estos pisos del patrimonio de promoción pública de la Generalitat. Se trata de inmuebles que superan los 30 años de antigüedad con un saldo pendiente de pago de escasa cuantía.
La directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, María Jesús Rodríguez, ha señalado que “esta iniciativa nos permite consolidar y estabilizar socialmente los barrios públicos de vivienda que se gestionan desde el Instituto Valenciano de Vivienda. Las familias que accedieron hace años a una de nuestras viviendas sociales en régimen de acceso diferido o de compraventa, y pagaban poco a poco su vivienda a modo de hipoteca, ahora tienen la oportunidad de formalizar definitivamente el acceso a la propiedad de su vivienda”.
“Con ello contribuimos a la normalización de los barrios sociales. Las familias pueden mantener sus lazos de vecindad, trabajo y relación social, con lo que fomentamos la integración y reforzamos el tejido social en estos grupos de vivienda pública. Con este tipo de actuaciones, consolidamos desde una perspectiva social y económica los barrios de titularidad pública, mejorando la convivencia y las condiciones de vida de las familias que residen en ellos”, comenta la directora general.
Rodríguez ha explicado que “desde que iniciamos esta campaña de amortización anticipada a finales del pasado año, 127 adjudicatarios han aceptado la propuesta, y en los próximos meses podrán escriturar su vivienda, que pasará a ser completamente de su propiedad”.
La Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda ha ofertado este programa de amortización anticipada a los adjudicatarios y ocupantes legales de viviendas de promoción pública en régimen de acceso diferido a la propiedad y a aquellos con viviendas cedidas en régimen de compraventa que lo soliciten. En ambos casos, deben cumplirse dos requisitos, que el residente no esté incurso en ninguna de las causas legales de desahucio o resolución de contrato, y que haya transcurrido un mínimo de 10 años desde la fecha del contrato de adjudicación.
La campaña afecta a una total de 293 viviendas públicas. Del total, 195 viviendas sociales se encuentran en la provincia de Valencia, 90 en la de Alicante y 8 en la provincia de Castellón.
En el caso de detectarse irregularidades en la ocupación de la vivienda o en la convivencia de los residentes, se iniciarán los procedimientos de recuperación de la titularidad del inmueble. Se intentará la legalización de los ocupantes ilegales ofreciéndoles la posibilidad de comprar con pago al contado a todos aquellos que cumplan los requisitos para acceder a una vivienda de promoción pública.
Sin embargo, si se trata de irregularidades debido a que la vivienda no se ocupa o a que los ocupantes crean problemas de convivencia en la comunidad de vecinos, se procederá a la recuperación de la vivienda mediante las correspondientes autorizaciones judiciales. Una vez recuperadas las viviendas, se repararán para poder ofrecerlas en una segunda adjudicación, que se efectuará mediante concurso para su venta con pago al contado.
