Madrid. Efecto fulminante, o eso parece, ha tenido la orden judicial para registrar su sede. Tres días después de emitirse el comunicado, el BBVA, presidido por Francisco González, ha preferido entregar al juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid, encabezado por Carmen Pérez Guijo, los listados de los clientes a los que se contrató seguros sobre hipotecas, los conocidos como ‘swaps’ o ‘slips’, antes de que el próximo martes se personara en la sede de la entidad una comisión judicial para conseguir dichos listados.
No obstante, el banco ha presentado sendos recursos, uno contra la orden de registro y otro de amparo por estimar que se vulneran los derechos de tutela judicial efectiva y a la intimidad, y ha pedido a la juez que no se ponga a disposición de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) los datos entregados hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie al respecto. Adicae ha presentado denuncia contra ocho entidades financieras para solicitar tanto la cesación de la actuación de estas entidades como la nulidad de los contratos y la indemnización de los daños a los afectados.
En este caso, los plazos han jugado una mala pasada a la entidad financiera, que tenía la certeza de que dicho plazo para entregar la documentación vencía el pasado miércoles 15 o, a lo sumo ayer jueves, contando el día de gracia habitual, pero el juzgado entendió que dicho plazo finalizó el pasado lunes, remitiendo ese mismo día la orden de registro.
Orden que ha sido recurrida en amparo por considerar que la entrega de esos datos vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la intimidad de sus clientes, ya que “no pueden ser cedidos sin autorización personal de sus titulares”, como, según el banco, han avalado resoluciones de las audiencias de Madrid y Vizcaya.
Adicae lo ve de otra forma
Desde Adicae lo ven de otra manera. Tras calificar de “inaceptable actitud la del BBVA, que pone en duda la Ley de Enjuiciamiento Civil y la propia acción colectiva, reconocida por todas las instituciones europeas e internacionales y prevista en multitud de legislaciones nacionales”, se muestran convencidos de que “las maniobras y falsedades del BBVA no impedirán que se haga efectiva la orden de entrada y registro de su sede central”.
Al respecto, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha indicado que “ante una circunstancia histórica en la defensa de los consumidores y en la aplicación de las leyes que les protegen, el BBVA no va a impedir que se apliquen los derechos de los consumidores ni con maniobras legales, ni con falsedades ni con presiones mediáticas”, para añadir que “las resoluciones judiciales son ejecutivas para todos, no sólo para los condenados al embargo de su vivienda demandados por el BBVA. No puede haber un ‘doble rasero’ que permita acudir con las fuerzas de seguridad del Estado a desahuciar a una familia pero impida registrar un banco si este se niega a acatar lo que los jueces determina”.
La demanda contra el BBVA agrupa a 110 afectados de 25 provincias diferentes, mientras que en torno a 200 personas de todas las provincias de España están ultimando su documentación para sumarse a la acción colectiva, según Adicae.
