El martes 19 de noviembre ha salido publicada en el BOE la Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las tarifas aplicables por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA (SEGIPSA) en los trabajos relativos a la certificación y auditoría energética de bienes inmuebles.
SEGIPSA es una empresa pública dependiente de la Dirección General del Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), y como tal tiene entre sus atribuciones la realización de cualesquiera trabajos o servicios que le sean encomendados, relativos a la gestión, administración, mantenimiento, etc… del Patrimonio del Estado.
La Resolución aprueba los precios con los que la Administración va a contratar con SEGIPSA la realización de auditorías energéticas en los edificios públicos (a la que estará obligada con la transposición de la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética), y la realización de certificaciones energéticas de edificios, a la que ya está obligada por el Real Decreto 235/2013.
Para A3e, es evidente que la realización de estos trabajos no es o no debe ser objeto de “servicio público” prestado por la Administración.
En España existen empresas y profesionales sobradamente capacitados para realizar estas labores de una forma rápida, profesional y eficiente. ¿Por qué se empeña la Administración en suplantar al sector privado?, ¿no se supone que la Administración debe dinamizar y apoyar a las empresas, generadoras de empleo y riqueza?. ¿No supone esta Resolución una contradicción manifiesta a políticas de empleo y eficiencia?
Por otro lado, fijar unos precios en base a la superficie del edificio, para la realización de un servicio tan variable como puede ser una auditoría energética, no tiene ningún sentido, y pone de manifiesto que quienes la han realizado desconocen el verdadero alcance de este servicio.
Para A3e esta resolución daña gravemente al sector de empresas que representa y que prestan estos servicios, y además supone una falta de coherencia con políticas de empleo y eficiencia. La Administración se quita “un problema” de encima a consta de penalizar un sector productivo, en lugar de apoyarlo. SEGIPSA asumirá con medios propios la parte que pueda o que le interese y el resto lo subcontratará, evidentemente a unos precios mucho menores. Conocemos el mecanismo porque desgraciadamente hay antecedentes similares, como es el caso de las auditorías energéticas encargadas a la empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa, ISDEFE.
La sensación que tenemos en el sector, es que se habla mucho en estos tiempos, de eficiencia de recursos y en concreto de eficiencia energética, y también de cómo generar riqueza y empleo potenciando a los emprendedores y las empresas (sector privado). Sin embargo constatamos que desde la Administración se actúa muchas veces en sentido contrario. Esta resolución es un claro ejemplo, que se suma a la reciente publicación de la Orden IET/1491/2013 de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica, y que sube la ponderación del término de potencia disminuyendo el de energía, lo que supone otro revés a las políticas de eficiencia energética.
