Madrid. Los presidentes del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón Ruiz, y del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (CGCOAPI), Jaime Cabrero García, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de lograr la máxima garantía y calidad en el proceso de obtención de la certificación de eficiencia energética de los edificios existentes.
Desde el pasado 1 de junio es obligatorio poner a disposición de los compradores o arrendadores de edificios o de parte de los mismos, así como para alquileres con una duración superior a cuatro meses, un certificado de eficiencia energética, en cumplimiento del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (transposición de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios).
A través de esta certificación, se obtiene información sobre el grado de eficiencia energética de la vivienda, y al mismo tiempo se valoran y definen las mejoras que son necesarias realizar para aumentar dicha eficiencia, incluyendo un estudio de la amortización de las mismas en
función de la disminución del consumo energético.
En este sentido, el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, y los 50 Colegios que agrupa, han realizado una formación específica a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo), para más de 6.000 profesionales distribuidos por toda la geografía española (lo que les sitúa como el colectivo profesional de referencia en número de expertos en esta materia), que a su vez forman parte de la Plataforma de Certificación Energética, donde se puede solicitar una certificación a un profesional debidamente habilitado para la misma, y con las máximas garantías y seguridad para los clientes.
Los colegiados habilitados para el ejercicio profesional, además de la preparación técnica, reúnen todos los requisitos legales y fiscales, así como el correspondiente seguro de responsabilidad civil profesional para realizar dichos trabajos. A través de esta herramienta web se está dando un servicio a los ciudadanos, que pueden verse desorientados cuando necesiten que un profesional realice la certificación energética de su inmueble. Además, la Plataforma aporta una garantía de eficacia y fiabilidad, ya que está gestionada por una entidad de derecho público (Colegios Profesionales).
Mediante el acuerdo firmado con el Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, profesionales que mantienen un contacto directo con los propietarios de bienes inmuebles, se pretende ayudar y asesorar a los ciudadanos en esta materia. De este modo, el COGITI pone a disposición del CGCOAPI la citada Plataforma, que incluye la posibilidad de contratar en cualquier sitio de la geografía española una certificación energética para un edificio, local o vivienda, en aras de ofrecer un mejor servicio a sus clientes y a la sociedad.
“Desde el COGITI y los colegios profesionales queremos impulsar medidas de este tipo, que sin duda serán beneficiosas para todos, y para ello pondremos todo nuestro empeño y colaboración con la Administración y otros colectivos profesionales, para que se lleve a cabo de forma exitosa, y con las máximas garantías de calidad, seguridad y profesionalidad”, ha señalado el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, José Antonio Galdón Ruiz.
Detectadas irregularidades en la certificación energética de edificios
En cuanto a las irregularidades que se están detectando por parte de algunos certificadores de la eficiencia energética, como la falta de mediciones presenciales de los técnicos, o el establecimiento de precios del servicio de la certificación que no garantizan su calidad y utilidad, el presidente del COGITI, José Antonio Galdón, ha señalado que “cuando se frivoliza de esta forma tan descarada sobre un trabajo profesional que debe contener un determinado rigor profesional y técnico, se está restando importancia al mismo, y esto conduce a la dirección contraria que persigue la normativa, y es que el ciudadano piensa que se trata de un impuesto y una tasa más que se ha inventado la Administración para continuar con su afán recaudatorio, y se obvia por completo el fin que persigue el mismo”.
“Cada profesional es libre de fijar sus tarifas para la certificación energética, y en este aspecto no tenemos nada que decir, pero sí que mantendremos la firmeza para atajar la competencia desleal y la mala praxis, en esta y otras actuaciones profesionales, dado que es una de las misiones que nos han sido encomendadas a los Colegios Profesionales”, añadió.
