Un informe realizado por AFI aboga por una colaboración público-privada en esta área, que permita el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas del sector a través del acceso a otras vías de financiación.
“En paralelo, algunos ajustes en la actividad de las administraciones podrían apoyar el desarrollo del sector incorporando criterios de contratación pública o de financiación de proyectos que tuviesen en cuenta las ventajas que aporta este modo de construcción”, concluye.
La demanda actual de vivienda supera, con creces, la oferta. Mientras que la necesidad de creación de hogares prevista por el INE se sitúa en el entorno de los 300.000 al año, los visados de vivienda de nueva construcción apenas se elevan por encima de las 100.000 unidades anuales. Una tendencia que se mantendrá los próximos años si el sector no es capaz de eliminar las barreras que le limitan: financiación, excesiva burocracia y falta de mano de obra que propicie el relevo generacional.
“La construcción industrializada se presenta como una solución innovadora para afrontar los desafíos que enfrenta el sector de la construcción residencial en España. Pero para lograr su consolidación debemos eliminar barreras como la escasez de instrumentos financieros que empujen la transformación del sector hacia la industrialización, de tal forma que contribuyan a poner en el mercado el volumen de viviendas que se está demandando en la actualidad”, explica Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente del Clúster de la Edificación y de la Corporación VÍA ÁGORA.
En este contexto, el Clúster de la Edificación y AFI (Analistas Financieros Internacionales) proponen la creación de dos instrumentos financieros para facilitar el acceso a financiación, permitiendo un mayor crecimiento del sector. Estas herramientas quedan recogidas en el estudio Financiación para impulsar la Construcción Industrializada, que ambas entidades han presentado en Madrid y que cuenta con la colaboración de ACR, Actia, Ávita, Casais, Culmia, Finsa, KronosHomes, Lignum Tech y Treehood.
Durante el encuentro, Enrique Martín, director asociado de AFI y Juan Antonio Gómez – Pintado, presidente del Clúster de la Edificación y de la Corporación VÍA ÁGORA, han destacado la importancia de contar con el apoyo de instrumentos financieros públicos, “que ahora mismo son inexistentes”. También han subrayado el carácter único e innovador del modelo propuesto, para cuya elaboración se han analizado otras iniciativas llevadas a cabo por países como EEUU o Francia, desarrollando una propuesta adaptada al mercado español.
“Debemos entender que el sector de la construcción industrializada está integrado por pequeñas y medianas empresas de componentes, que tienen dificultades para acceder a los instrumentos financieros públicos previstos en las etapas iniciales. Esta situación implica un fallo de mercado”, asegura Gómez-Pintado.
En este marco, y en aras de avanzar hacia la independencia y autonomía económica en el sector de la industrialización, ambas entidades proponen la creación de un Instrumento Financiero para la Capitalización de la Construcción Industrializada, que impulsaría el crecimiento del sector con la aparición de nuevos actores, introduciendo mejoras en el proceso productivo, y generando actividad económica en otros entornos.
Esta herramienta estaría dirigida a pequeñas y medianas empresas, situadas en España y que hayan probado su solvencia financiera, pudiendo cubrir entre un 80%-90% de la financiación del proyecto –hasta un máximo de 15 millones de euros–. Entre las actuaciones contempladas estarían la inversión para la compra, construcción, ampliación o adecuación de naves industriales e instalaciones; la compra o renovación de equipos de producción; los activos fijos intangibles como software específico, patentes, licencias, etc., y los gastos de circulante asociados a las inversiones productivas realizadas.
Este instrumento debe contemplar un volumen de financiación pública que se estima entre 300 y 600 millones de euros (dependiendo del momento temporal en el que el sector público saldría y la iniciativa privada reemplazaría su posición para asumir la posición de capital al 100%), permitiendo así cubrir la inversión necesaria para la creación de nuevas instalaciones y equipamiento.
“Se trata de un modelo de riesgos compartidos entre el sector público y el privado, mediante operaciones de coinversión en capital, sujetas a la normativa de ayudas del Estado o mediante operaciones de cuasicapital en un esquema similar al de otras iniciativas públicas”, apunta Enrique Martín.
Junto a esta iniciativa, ambas entidades también proponen la creación de otro instrumento financiero, en este caso para la financiación de circulante, cuya finalidad es servir de apoyo a la financiación de los fabricantes del sector, reduciendo su elevada dependencia de otras fuentes, como el promotor, y facilitando el acceso al crédito bancario.
Esta herramienta se podría emplear para la compra de materiales, la fabricación de componentes estandarizados o de proyectos contratados, además de otros gastos generales. Basándose en las estimaciones del estudio, se prevé que el instrumento cubra entre 3.000 y 4.000 millones de euros para atender a las necesidades de financiación de materias primas y producción de componentes.
“En paralelo, algunos ajustes en la actividad de las administraciones podrían apoyar el desarrollo del sector incorporando criterios de contratación pública o de financiación de proyectos que tuviesen en cuenta las ventajas que aporta este modo de construcción”, concluyen desde AFI.
La puesta en marcha de estos mecanismos de financiación podría acelerar el ritmo constructivo hasta las 200.000 viviendas, abaratando el precio y contribuyendo a solucionar el problema de la vivienda es España. “Hay que buscar soluciones que permitan consolidar el sector, incentivando la industrialización para alcanzar objetivos”, finaliza Gómez-Pintado.
