La gestión de licencias y declaraciones responsables para la ejecución de obras en las comunidades de propietarios en Madrid enfrenta retos significativos debido a la disparidad de criterios entre las distintas juntas municipales y sus técnicos. Esta situación, evidenciada por el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), pone de manifiesto la necesidad urgente de establecer directrices objetivas que garanticen una mayor previsibilidad y eficiencia en el proceso de autorización de obras.
Disparidad de criterios y su impacto en las comunidades
La reforma de la Ley del Suelo de 2001 por la Ley 1/2020, que introduce la Declaración Responsable Urbanística como mecanismo para la ejecución de ciertas obras, pretendía simplificar y agilizar los procedimientos. Sin embargo, cuatro años después de esta modificación, el sector se enfrenta a una realidad compleja marcada por la falta de coherencia en la aplicación de la normativa. Isabel Bajo, presidenta del CAFMadrid, destaca la variedad de criterios entre y dentro de las juntas municipales como uno de los principales obstáculos para la realización de obras, lo que se traduce en una incertidumbre constante para las comunidades de propietarios.
Este escenario se complica aún más con las declaraciones responsables, donde la autorización para realizar obras significativas, como la instalación de ascensores, puede verse cuestionada posteriormente por otros técnicos con interpretaciones distintas de la normativa. Enrique Fernández, asesor de Arquitectura del CAFMadrid, subraya la inseguridad que esta situación genera, ya que no se puede asegurar la conformidad de las obras con los criterios del técnico municipal responsable del expediente.
Retrasos administrativos y necesidad de reforma
Los plazos de respuesta del Ayuntamiento de Madrid para la concesión o denegación de licencias y declaraciones responsables son motivo de preocupación, con tiempos de espera que pueden extenderse desde varios meses hasta más de un año. Estos retrasos desincentivan a los promotores de llevar a cabo actuaciones urbanísticas y generan una incertidumbre total sobre la eficacia de las declaraciones responsables. En el caso de fincas protegidas, la necesidad de obtener un informe favorable de la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico (CPPHAN) añade otra capa de complejidad y demora.
CAFMadrid sostiene que la falta de criterios objetivos y uniformes en la concesión de permisos no solo afecta la ejecución de las obras sino también la confianza en el proceso administrativo. Por ello, insta al Ayuntamiento de Madrid a establecer directrices claras y coherentes que faciliten la realización de obras necesarias para el mantenimiento y la mejora de las comunidades de propietarios.
La propuesta del Colegio Profesional no solo busca mejorar la eficiencia y reducir los plazos de respuesta sino también asegurar que las actuaciones urbanísticas se realicen dentro de un marco de seguridad jurídica. Al lograr este objetivo, se protegerán los intereses de las comunidades de propietarios y se promoverá la mejora continua del patrimonio inmobiliario madrileño.
En un esfuerzo por abordar estos desafíos, CAFMadrid continúa su labor de asesoramiento y formación a sus colegiados, garantizando la calidad del servicio que prestan en la administración de fincas. La entidad, que representa al colegio más grande de España en su ámbito de actividad, se posiciona como un actor clave en la mediación con las administraciones local y autonómica para promover las reformas necesarias que faciliten una gestión urbanística más eficaz y equitativa en la Comunidad de Madrid.
