Los 2.000 millones de euros que, aproximadamente, restan por pagar a la concesionaria de la M-30 hasta 2040, fecha en que finaliza la concesión, han llevado al Ayuntamiento de Madrid a buscar, si es posible, alguna alternativa que amortigüe tan alto coste, que en sus primeros diez años de gestión ha costado algo más de 550 millones a los madrileños.
Por ello, se ha creado un grupo de trabajo, integrado por personal especializado del consistorio, que analiza las posibles alternativas, sus ventajas e inconvenientes.
A partir de estas opciones, el Ayuntamiento procederá al cambio de modelo de gestión a fin de garantizar una adecuada y eficiente administración de esta infraestructura.
Madrid Calle 30 está participada por el Ayuntamiento, que tiene el 80% del capital, y por un socio privado, que cuenta con el 20% restante. La compañía privada, Empresa de Mantenimiento y Explotación (Emesa), está formada por Ferrovial Servicios, Dragados y API Conservación.
La empresa se creó en 2004 y, a finales de ese año, el Ayuntamiento acordó modificar la forma de gestión del servicio, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad de economía mixta. En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de Emesa. Tras la concesión quedó establecido el modelo económico financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta el año 2040.
La sociedad se fundó inicialmente para construir los túneles de la M-30 con la intención de que no computara como deuda municipal. El objeto social y la actividad principal incluyen la gestión, explotación y mantenimiento, además de las obras de reforma y mejora, de la vía de circunvalación M-30 y sus infraestructuras y espacios relacionados. Madrid Calle 30 ya no tiene deuda, subrogada en 2011 al Ayuntamiento, aunque sigue funcionando con el diseño mercantil inicial.
Este modelo mercantil ha sido criticado por la Cámara de Cuentas, alegando varios motivos entre los que figura que la explotación de la carretera no es susceptible de ser realizada por particulares y que su diseño respondió únicamente a garantizar una rentabilidad fija del 7,053% al socio privado.
El anteproyecto del informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas sobre la gestión de Madrid Calle 30 en los ejercicios de 2012 y 2013 recomienda revisar dicho modelo con el objetivo de adecuar el coste de oportunidad y minimizar los costes.
Desde 2005 hasta 2015, el Ayuntamiento de Madrid ha pagado 554 millones por este modelo de gestión mercantil: 313 millones de euros por IVA, 128 millones en Impuesto de Sociedades, 40 millones en dividendos, y 73 millones en intereses del préstamo que hizo el socio privado. Y si este modelo se mantuviese tal cual hasta 2040, el coste total rondaría, aproximadamente, los 2.550 millones de euros.
