Mientras el litigio entre la Región de Murcia y Aeromur, la concesionaria controlada por Sacyr que resultó adjudicataria del aeropuerto de Corvera, acabará finalmente en el Tribunal Supremo, las autoridades murcianas han empezado a preparar el terreno para que los operadores aeroportuarios interesados en el aeródromo conozcan de primera mano las instalaciones.
Hasta ahora han sido cinco los operadores que han podido conocer las potencialidades de la infraestructura, tanto en cuanto a la dotación de medios y servicios, con el fin de participar en el procedimiento público de licitación, que se prevé iniciar en breve.
Tras visitar las tres terminales (llegadas, salidas y carga), la torre de control, la pista de aterrizaje, las zonas de impulso comercial y la Zona de Actividades Complementarias, todos coincidían en el buen diseño, poniendo de relieve su alta funcionalidad, luminosidad y capacidad de adaptación a los distintos modelos de negocio de las empresas.
Asimismo, destacaron la moderna señalética y sus recorridos intuitivos frente a otros aeropuertos, así como la innecesaridad de ‘fingers’ (pasarela de acceso a aviones) para que los viajeros embarquen, aspecto muy demandado por las compañías aéreas.
Mientras tanto, en los tribunales, hace unos días el Gobierno regional ganaba otra batalla, al desestimar el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) el recurso de Aeromur sobre el reembolso de los 182 millones de euros del aval que tuvieron que asumir las arcas autonómicas. Ahora, con el auto judicial, el Ejecutivo autónomo puede reclamar a Aeromur que le devuelva ese dinero.
El reembolso es uno de los tres asuntos judiciales que penden sobre el aeropuerto. El TSJM también dio la razón a la Administración regional en la rescisión del contrato, y ahora con el reembolso. Queda la decisión sobre el reequilibrio de la concesión. Este último auto no liga el reembolso a la liquidación que deben negociar las dos partes.
El Gobierno puede exigir la ejecución de los 182 millones, pero lo más probable es que todo entre en el proceso de liquidación. En concreto, la concesionaria impugnaba la orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 24 de febrero de 2014, por la que se declaraba la obligación de reembolsar al Gobierno regional 182,6 millones de euros.
Contra esta sentencia se puede interponer recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, algo que Sacyr ya ha hecho.
