La sociedad Ciudad Real International Airport ya es la nueva propietaria provisional del aeropuerto de Ciudad Real después de que el juez Carmelo Ordóñez, titular del juzgado número 4 de Ciudad Real, con responsabilidades en el ámbito mercantil, haya dado a conocer el auto por el que decreta que se haga entrega de la posesión provisional de las instalaciones aeroportuarias a la compañía.
Lo hace «a fin de que puedan ir desplegando las obras de mejora necesarias para la obtención de la rehabilitación de la licencia de uso y explotación del aeropuerto de Ciudad Real (obras de mejora que quedarán sin coste alguno para el concurso en beneficio de la unidad productiva), entrega de la posesión provisional que se llevará cabo el próximo día 1 de mayo de 2016 y tan solo para llevar a cabo esas obras necesarias».
Según el auto, el proceso de venta directa ha concluido «con éxito, ajustándose el precio ofrecido al mínimo establecido en el auto de 23 de febrero de 2016 , al ser la suma ofrecida superior a los 50 millones de euros, en concreto 56,2 millones, debiéndose conjugar debidamente no solo la oferta dineraria ofrecida, sino poniendo también en valor el importe económico de la inversión prevista por la compradora para poner en marcha su proyecto, así como la creación de empleo directos e indirectos, y el consiguiente impulso económico para nuestro país, nuestra región, y los municipios cercanos».
De hecho, según el proyecto de viabilidad presentado por la compradora, se contempla una inversión de 579 millones de euros y la creación de 7716 puestos trabajos directos e indirectos en 10 años.
Tras adelantar el pasado viernes el propio juez que esta sociedad era la virtual ganadora de la subasta, al ser la única que consignó ante el juzgado el aval de 1,8 millones de euros, equivalente al 5% del precio ofertado, las especulaciones sobre quiénes están detrás de esta sociedad no han cesado.
Sobre todo cuando se supo que detrás de Ciudad Real International Airport no había nada o casi nada. Solo un nombre, el de Eduardo Martínez Pérez, como socio único. Un procurador del despacho de abogados Martínez-Ferrando y Calvo, en el que está domiciliada esta sociedad, en la calle José Abascal de Madrid, con un capital de 3.000 euros.
Como actividad principal, la sociedad adjudicataria del aeropuerto tiene como dedicación principal el alquiler de vehículos con o sin conductor, incluidas las tareas de reparación y mantenimiento, lavado y engrase, así como la compraventa, importación y exportación de vehículos, componentes y accesorios. También presta todo tipo de asesoría económica.
Solo en la presentación de cuentas correspondiente al ejercicio 2014, firmadas por Martínez Pérez el pasado 30 de marzo de 2015, según consta en el Registro Mercantil, se añade que, como otros cometidos de esta sociedad, figuran la promoción y explotación de infraestructuras en transporte terrestre, aéreo y marítimo, así como la gestión de infraestructuras intermodales de transporte.
En esas cuentas, la sociedad certificaba que no tenía personal, que no tuvo ingresos, que contaba con 2.481 euros en efectivo como único activo, y que su patrimonio neto era de 2.420 euros tras restar 590 euros de reservas a sus 3.010 euros de capital social.
