La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha defendido en el Congreso que el Proyecto de Ley del Sector Ferroviario contribuirá para el crecimiento del sector, aumentará su eficiencia y utilización, y con ello impulsará la vertebración territorial y el desarrollo económico del país.
Durante la defensa del proyecto de ley en el debate de enmiendas a la totalidad, Pastor ha afirmado que «la apertura a la competencia es exclusivamente en los servicios comerciales» ya que la ley garantiza que Renfe va a seguir prestando los servicios con Obligaciones de Servicios Públicos (OSP), -es decir, en las cercanías y media distancia por ello, ha reiterado, «Renfe, Adif y Adif-Alta velocidad son y seguirán siendo públicas».
Pastor ha explicado que la ley permitirá la evolución y la mejora progresiva de los servicios más próximos y, al mismo tiempo, el desarrollo de una red de alta velocidad que nos sitúa ya como uno de los países más avanzados en el modo de transporte con mayor proyección de futuro por su bajo volumen de emisiones y respetuoso con el medio ambiente.
En definitiva, ha indicado la ministra, «mejorar todos los servicios al ciudadano, permitiendo acortar las distancias y ofreciendo un servicio de mayor calidad», y, si además ello nos sitúa como un país productor de la más alta tecnología ferroviaria y nos permite seguir creando empleo en un sector con enorme futuro, «habremos contribuido todos a mejorar la situación de nuestro país y a sentar las bases de la economía que todos queremos para España».
Novedades de la ley
Pastor ha explicado que la nueva Ley del Sector Ferroviario consolida el rigor en la planificación y construcción de nuevas infraestructuras y propicia la apertura de la red para potenciar el uso de la alta velocidad mediante la mejora de la calidad y el aumento de la oferta.
Además, supone un nuevo marco jurídico completo aplicable al sector ferroviario, consolida la reforma emprendida por el Ejecutivo y adapta la normativa a la creación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, reforzando todos los mecanismos relativos a la seguridad.
El proyecto de ley refuerza los mecanismos para una planificación rigurosa de las infraestructuras ferroviarias, exigiendo que existan las fuentes de financiación suficientes. Se establecen 3 instrumentos:
– La «Estrategia Indicativa» a elaborar por el Ministerio de Fomento, como instrumento de planificación de la infraestructura (desarrollo, mantenimiento y renovación).
– Un «Programa de Actividad» a elaborar por los administradores de infraestructuras (Adif, Adif-AV), según la «estrategia indicativa» y que deberá recoger la previsión de actuaciones a realizar y una previsión orientativa de sus cánones para los próximos 5 años.
– Un convenio ADIF/ADIF-AV-Ministerio de Fomento que establezca los objetivos a alcanzar por ADIF y las aportaciones económicas del Estado.
Asimismo, ha explicado Pastor, la ley establece un nuevo sistema de cánones con el objetivo de incentivar el crecimiento del tráfico y se eliminan barreras a la entrada a través de la eliminación del canon anual de acceso a la red, lo que facilita la entrada de nuevos operadores. Además, se establecen bonificaciones que incentivarán la incorporación de nuevos servicios ferroviarios.
En lo que se refiere al transporte de mercancías, la ministra ha destacado las principales medidas que se incluyen la principales medidas para mejorar la competitividad, como el establecimiento de medidas liberalizadoras de los servicios que se prestan en las terminales ferroviarias públicas, que supondrán una reducción de costes; la imposición de nuevas condiciones de transparencia para la actuación de los administradores de infraestructuras; la simplificación del régimen tarifario y de las autorizaciones necesarias; la eliminación del canon de acceso, que supone eliminar una importante barrera a la entrada de nuevos operadores; y el impulso del papel de los puertos como administradores de las infraestructuras ferroviarias dentro de su dominio público.
En materia de transporte de viajeros, la titular de Fomento, ha apuntado que la nueva Ley impone a los operadores condiciones para garantizar un funcionamiento transparente del mercado, como son la obligación de aportar al Ministerio de Fomento información estadística y contable o la obligación de llevar cuentas separadas entre las actividades de mercancías y viajeros, y dentro de los de viajeros, entre los servicios comerciales y los servicios declarados de obligaciones de servicio público.
Además, se establece que las empresas deben contar con un plan de asistencia a víctimas y se recogen los derechos de las víctimas de accidentes.
Por otra parte, el texto incluye un nuevo título específico dedicado a seguridad ferroviaria, que no existe en la ley vigente y se adapta su contenido a la creación de la nueva Agencia de Seguridad Ferroviaria que será independiente y no podrá encomendar funciones de los administradores de infraestructuras, empresas ferroviarias o entidad adjudicadora, dotándola de mecanismos propios de financiación, con objeto de reforzar su independencia.
Por último, se plantea un régimen sancionador más proporcional, reforzando las sanciones sobre derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con la seguridad.
